La Audiencia de Lleida considera que no hay pruebas para condenar a los imputados por conceder permisos a inmigrantes a cambio de dinero La Audiencia de Lleida ha absuelto a los responsables de la Oficina Unica de Extranjería durante el Gobierno del PP, que estaban acusados de cobrar para expedir permisos de trabajo a inmigrantes . La sentencia, que se publicó ayer, considera que no está probado que los acusados concedieran los permisos de forma arbitraria y a cambio de dinero.

El fallo absuelve al que fuera subdelegado del Gobierno en Lleida, Juan Barios; al jefe de la oficina de Extranjería entre los años 2001 y 2003, José María Vieites; al antiguo responsable del Ministerio de Trabajo en Lleida, Lorenzo Echarri, y a un asesor de Barios, Salvador Puy. Sobre todos ellos pesaba la acusación de prevaricación continuada, un cargo al que, en el caso de Vieites, se sumaba el de falsedad documental cometida por un funcionario público.Según la sentencia, no está probado que dichas infracciones fueran cometidas por los acusados.

En el conocido como caso Extranjería había otros tres acusados, que no eran políticos ni funcionarios. Se trata de las personas que, presuntamente, contactaban con los inmigrantes y les ofrecían la posibilidad de conseguir sus permisos a cambio de dinero.Sobre ellos, Fernando Canalejo, Antonio Amador y su compañera Cristiane da Silva, pesaban acusaciones de estafa.

Durante el juicio, celebrado del 24 al 28 de septiembre, se retiró la acusación contra un cuarto presunto colaborador, también sin vinculaciones políticas, Rusudan Khotivari. Las investigaciones del caso Extranjería empezaron a raíz de la denuncia presentada por un inmigrante georgiano y un grupo de magrebíes que acusaban a los intermediarios de cobrar por haber gestionado sus permisos.

Todos los imputados habían negado las acusaciones, salvo uno de los presuntos intermediarios, el empresario Fernando Canalejo, quien admitió que había recibido algunos cobros irregulares de cantidades de hasta 300 euros. Sin embargo, el acusado aseguró que se trataba de una propina y en ningún caso se podía afirmar que existía una tarifa previamente establecida para este tipo de tramitaciones. Más adelante trascendió que algún intermediario en estas supuestas prácticas fraudulentas había llegado a pagar hasta 6.000 euros por los permisos, aunque finalmente los Mossos y la Fiscalía establecieron en sus investigaciones que la cifra era de 1.200 euros.

Tras conocer la sentencia, el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, avanzó ayer su intención de recurrir la sentencia. Por su parte, el abogado de Vieites alabó que se haya podido «demostrar» que su cliente «no cometió esta falsedad».

Se pedían penas de inhabilitación y cárcel

LLEIDA. – El juicio del ‘caso Extranjería’ se celebró en Lleida del 24 al 28 de septiembre, y durante el proceso se dieron a conocer las penas de las que finalmente han sido absueltos los acusados. En el caso de los antiguos cargos políticos y funcionarios, es decir, Barios, Puy, Vieites y Echarri, las penas eran de diez años de inhabilitación en su cargo y cuatro años más de cárcel.En el caso de Vieites, sin embargo, se añadían tres años de inhabilitación, es decir, un total de 13, y 1.200 euros de indemnización.

Por lo que se refiere a los tres presuntos colaboradores, las penas solicitadas eran de tres años y nueve meses de cárcel para Canalejo, de dos años de reclusión para Amador y de un año y seis meses para Cristiane da Silva.

La sentencia considera que la falta de estructura jerárquica de la Oficina de Extranjería y la cantidad de expedientes que gestionó entre 2001 y 2002 fomentaron que personas no autorizadas manipularan la tramitación de expedientes sin el consentimiento de los responsables, por lo que les absuelve.