El Pleno del Tribunal Constitucional echó abajo ayer varios preceptos de la Ley de Extranjería aprobada en 2000 por el Gobierno del PP, en la que sólo se reconocían los derechos de reunión, manifestación y asociación a los extranjeros con autorización de estancia o residencia en España.

El TC dio luz verde por mayoría a una ponencia de la presidenta, María Emilia Casas, en la que se sostiene que esa regulación legal, aún vigente, es contraria al artículo 13 de la Constitución, según el cual «los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I [derechos y deberes fundamentales] en los términos que establezcan los tratados y la ley».