El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en Vitoria a un empresario de la construcción y a un abogado, ambos vecinos de la capital alavesa, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, amenazas y coacciones. Según la Delegación del Gobierno en el País Vasco, los detenidos son el empresario J.G.D.A, de 52 años, y el letrado J.P.A.P. Como ha podido saber este periódico, el primero es de origen portugués, aunque cuenta con DNI español.

La investigación policial, llevada a cabo por funcionarios de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior del País Vasco de Vitoria, se inició el pasado mes de julio. Fue entonces cuando la Policía tuvo conocimiento de que el empresario ahora detenido y puesto ya a disposición judicial contrataba a ciudadanos extranjeros sin la documentación necesaria para poder realizar la actividad laboral por cuenta ajena. Además, según la información aportada por la delegación del gobierno, se aprovechaba de «la situación de precariedad, estado de necesidad y falta de arraigo de los trabajadores que contrataba».

J.G.D.A. amenazaba a los inmigrantes cuando éstos le pedían que regularizase su situación y les exigía entre 4.800 y 6.000 euros para llevarla a cabo. «Estas cantidades debían ser abonadas por los empleados para que el empresario realizase, supuestamente, los trámites necesarios para poder formalizar el contrato», relata.

La persona encargada de realizar estos trámites era el abogado J.P.A.P. Exigía a los ciudadanos extranjeros cantidades que oscilaban entre los 500 y 1.000 euros para iniciar el proceso destinado a obtener la documentación. «De las pruebas en poder de la investigación y de los indicios probatorios se desprende que la diferencia de salarios entre los trabajadores legales y los ilegales era abusiva, desproporcionada y de auténtica explotación», concluye.

Situación irregular

La Delegación del Gobierno en el País Vasco recuerda que la utilización de mano extranjera en situación irregular «es práctica habitual por algunos empresarios españoles». Éstos no realizan contratos ni dan de alta a estos ciudadanos, lo que supone mayores beneficios económicos y la evasión del pago de impuestos a Hacienda. Los empleados no obtienen, asimismo, ninguna cobertura legal, laboral y socio-sanitaria.

El sindicato LAB exigió ayer a la administración la adopción de medidas para que los empleados inmigrantes «dejen de ser trabajadores de segunda o tercera categoría».