La muerte de un centenar de inmigrantes ilegales en aguas del Atlántico en apenas dos semanas supone la expresión más trágica y desalentadora de la lucha desesperada por la supervivencia y el deleznable comercio con las esperanzas de miles de seres humanos. Si el pasado 24 de octubre un pesquero español localizaba al único pasajero con vida de un cayuco cargado originalmente con 57 personas que se dirigían a Canarias, los servicios costeros de Mauritania avistaron el lunes por la noche otra embarcación con alrededor de 90 extranjeros a bordo; el resto de los viajeros, en torno a medio centenar sin identidad conocida, pereció víctima de la inanición y las bajas temperaturas a lo largo de una sobrecogedora travesía. Cuesta tan siquiera imaginar no ya las penurias de tan arriesgada aventura, sino el sufrimiento y la impotencia de los inmigrantes obligados a presenciar la muerte sin remedio de sus compañeros.

El desenlace de ambos casos agrava hasta el extremo las circunstancias comunes que guardan uno y otro: tripulaciones presumiblemente engañadas por las mafias, sin combustible para poder alcanzar el litoral canario y dotadas de unos insuficientes recursos para poder sobrevivir. La muerte de los inmigrantes extranjeros antes de llegar a su destino no puede ser interpretada, en ningún caso, como un problema menos acuciante que si hubieran logrado arribar a las costas europeas. España y el conjunto de la Unión Europea están necesariamente obligadas a reforzar sus lazos de colaboración y el trabajo conjunto para evitar sobre todo en origen que una constante sucesión de embarcaciones repletas de inmigrantes puedan partir de los puertos africanos con severo riesgo de no alcanza rnunca su destino. Y en ese sentido, es preciso también requerir un compromiso continuado por parte de los estados africanos concernidos.