JOSÉ MARÍA CAMARERO

MADRID. La solución al problema de la Cañada Real Galiana está clara para muchos de los inmigrantes que allí viven: o cesan las «hostilidades» y se paralizan los derribos que están previstos, o se les debe dotar de una vivienda nueva en condiciones. Así se expresaban la mayor parte de los 500 manifestantes – la mayoría, marroquíes – que ayer se concentraron ante la Junta Municipal de Villa de Vallecas, para protestar por la actuación policial y administrativa que se está llevando a cabo en ese terreno de nadie.

Durante la concentración no se registró ningún incidente, aunque numerosas dotaciones de la Policía Nacional y Municipal se encontraban por todo el barrio, después de los altercados que se vivieron el día 19 en la Cañada. Los vecinos del barrio, sorprendidos, veían cómo hombres, niños y mujeres (por este mismo orden) protagonizaban una protesta muy sonora en la que nada se salió del guión «para evitar que digan que somos conflictivos», destacaban dos ciudadanos.

Al grito de «los derribos no son la solución» o «diálogo sí, desalojos no», los manifestantes expresaban su angustia ante lo que les pueda suceder a medio plazo. «Yo pago mis impuestos desde hace siete años», comentaba Rachid, «y recibo todas mis cartas aquí, ¿por qué ahora no puedo seguir viviendo», se preguntaba, ante el temor de su vivienda sea una de las próximas en ser derruidas por orden judicial.

Condiciones infrahumanas

La mayoría de los marroquíes que se concentraban llevan años viviendo en la Cañada, y aseguran que si están ahí «no es por ganas, sino porque alquilar un piso es muy caro en Madrid», explicaban Mohammed y su esposa. Por ello, el eje central de la protesta fue el de pedir una vivienda digna en cualquier otro punto de la ciudad.

Ante esta situación, desde la Coordinadora de Asociaciones de la Cañada Real – uno de los convocantes de la manifestación de ayer – se instaba a las diversas administraciones implicadas en este problema a que «se regularice y legalicen las construcciones ya existentes» en la zona, según Miguel Martín, el portavoz de esa organización. Además, se exige una mesa de trabajo conjunta «y un tratamiento diferenciado» de cada uno de los casos que allí se puedan dar «porque no todas las familias son iguales ni se dedican a vender droga, sino sólo en casos puntuales», señalaba Fernández.

Para lograr que esa mesa sea una realidad en breve plazo, las asociaciones de vecinos auguraron que posiblemente se lleve a cabo una «gran manifestación» frente al Ayuntamiento, como medida de presión para evitar más derribos.