Las banlieues de París esperan aún el plan de ayudas prometido por el presidente Nicolas Sarkozy. Dos años después del inicio de los disturbios del otoño del 2005, las llamadas zonas urbanas sensibles (ZUS) arrastran los mismos problemas que entonces, cuando una trágica chispa – – la muerte, el 27 de octubre, de dos adolescentes perseguidos por la policía – – provocó una explosión social que se saldó con la quema de 10.000 coches y 300 edificios y 4.700 detenciones.
Alcaldes de derechas y de izquierdas coinciden en que la situación sigue igual o peor, matizada quizá por una mayor resignación de los habitantes de las barriadas, pero que cualquier incidente puede encender la mecha del polvorín en que se han convertido esos guetos tras 30 años de promesas incumplidas.
Los cuatro principales problemas de las banlieues permanecen inalterables: paro, difícil acceso a una vivienda digna, fracaso escolar y tensiones con la policía. Como en el resto de Francia, la cifra de personas que buscan empleo ha bajado en un 10% entre el 2005 y el 2006, pero en las ZUS el paro es dos veces más elevado que la media nacional, con cotas del 40% en algunos barrios.
La falta de vivienda es aún más grave por el alza de los precios, con el agravante de que los recursos de un plan lanzado en el 2003 no se gastan. Según ese proyecto, 250.000 pisos de estas zonas debían ser demolidos y reconstruidos y otros 400.000 rehabilitados hasta el 2013, pero en este momento hay 600 millones de euros sin invertir por retrasos administrativos en la adquisición, una a una, de las viviendas que deben ser renovadas. La consecuencia es que en el presupuesto del 2008 ha bajado en un 15% (de 350 a 200 millones) la partida para renovación urbana. Tampoco hay avances en educación y la inseguridad es permanente, con incidentes esporádicos entre jóvenes y la policía.

POLÍTICA
REPRESIVADesde que es presidente, Sarkozy ha primado la política represiva, con el endurecimiento de las penas a los reincidentes y a los menores. Su único gesto hacia lo que un día calificó de racaille (gentuza) ha sido el nombramiento como secretaria de Estado para la política de las ciudades de Fadela Amara, concejala socialista de Clermont – Ferrand, de origen magrebí y fundadora del movimiento Ni Putas ni Sumisas. Amara prepara un plan banlieues, que presentará en enero, y del que solo se conoce que se centrará en la desguetización de los barrios, la educación y el empleo.
Pero alcaldes y oenegés son escépticos. La asociación Ville et Banlieue, que agrupa a 120 ediles, denuncia “la contradicción existente entre el anuncio de un enésimo plan Marshall para los suburbios y el descenso de la financiación atribuida a las ciudades afectadas”. Amara ha montado 250 reuniones públicas, pero los cargos electos piden menos debates y más acción. El Partido Socialista se pregunta si el abandono se debe a que “se quiere hacer pagar (a los seis millones de habitantes de las banlieues) haber votado masivamente a la izquierda en las últimas elecciones presidenciales”.
El sociólogo Robert Castel traza un certero diagnóstico en Le Nouvel Observateur: El “problema principal es el de la aceptación. Se niega la ciudadanía a estos jóvenes pobres, casi todos de origen extranjero y, sin embargo, la mayoría de nacionalidad francesa”. “Se confunden problemas étnicos y problemas, ante todo, sociales. De ahí la tentación para estas poblaciones estigmatizadas de devolver el estigma, de afirmarse como árabes, negros o musulmanes, a falta de ser reconocidos como miembros de pleno derecho de la sociedad francesa”, remacha.