MADRID. - Hace una semana, les lanzaban a los antidisturbios bombonas de butano y tejas desde sus casas.

Ayer, la Cañada Real Galiana, o al menos un trozo de los 16 kilómetros de viviendas ilegales desde Rivas a Valdemingómez, se abrió paso por Vallecas con pacífico e incluso jolgorioso orden.

Fueron unos 400 de los 40.000 habitantes de la Cañada – un lugar más habitado que Soria – los que, igual que el ganado llenaba antaño la cañada, desfilaron ayer por el paseo García Lorca al grito de «¡somos personas, no animales!».

Se trataba de demostrar, al igual que al día siguiente de los incidentes, que también saben defender lo suyo cívicamente. Que la vecina embarazada que perdió a su hijo y el antidisturbios al que le partieron la mandíbula no fueron sino víctimas de una ira reconducible. Y, al menos en ese aspecto, la convocatoria fue un éxito.

España entera vio por televisión hace días a mujeres y niños lanzando de todo sobre los policías que intentaban cumplir la orden de desalojo de la parcela número 40, mientras las asociaciones vecinales clamaban: «Aquí somos trabajadores, no sólo traficantes de droga». Ayer emergieron al fin las familias «normales» de Cañada Real, como decía María, esposa de obrero metalúrgico: «Cuando llegamos, hace 35 años, sólo había juncos. Mi marido se rompió las manos para plantar un huerto de tomates, y luego trabajando para sacar adelante a la familia». El problema: que ni ellos ni los otros 40.000 habitantes de Cañada Real tienen título de propiedad, ni pagan luz ni agua.

Marroquíes en su mayoría, pero también de nacionalidad española, los manifestantes pidieron ayer «una mesa donde se sienten Comunidad, vecinos y los ayuntamientos a buscar una solución». Una salida que, para los vecinos, ha de ser la legalización: «¡40 años de convivencia no pueden acabar en derribo!», gritaban ayer madres, padres y una manada de críos que terminaron liderando felizmente la comitiva.

«Que se vayan, son unos muertos de hambre», se oía decir a una vecina de Vallecas a las 12.00 horas, cuando la comitiva aún era un ovillo deshilachado de pancartas y murmullos.

Desorden que duró poco: en minutos, unos vecinos de peto amarillo se encargaron de la seguridad, otros de rojo de las relaciones con la prensa, florecieron los megáfonos y el paso hacia la Junta de Distrito, el foro para los discursos, se hizo poco menos que marcial.

Todo, bajo la escrutadora mirada de reojo de los policías y antidisturbios destacados – más de 10 lecheras – , que en ningún momento hubieron de intervenir.

«De muertos de hambre nada, somos unos currantes», decía en bajito, desde las primeras filas, Mustafá, de 40 años, 17 en la Cañada. Obrero en la construcción, Mustafá se hizo su propia casa con sus manos. «Y no es ninguna chabola. Los periodistas no lo decís, pero en Cañada Real mucha gente se dedica a trabajar honradamente, y la policía sabe muy bien, por los controles, quién no sale y quién trapichea».

Mustafá tiene cuatro hijos, viste como cualquier español de clase media y sólo pide que «el Estado arregle un problema y no arruine a 40.000 personas». Apostilla: «¿Adónde iríamos?». Cerca de él camina Pedro, también en la cuarentena, seis años en Cañada: «Lo mejor es que muchos de los marroquíes que viven en Cañada Real trabajaron en las obras de la M – 30. ¿Te imaginas mayor paradoja? A ellos, que ayudaron al boom inmobiliario, ahora les vienen a quitar sus viviendas para especular».

«No somos fantasmas»

Pedro, melena cana recogida, trabaja en la industria y elige cuidadosamente sus palabras: «Sabemos que hay jurisprudencia que apunta a la legalización, y que para las obras del AVE Renfe pagó por varias parcelas. Hoy nos manifestamos para que dejen de usar la violencia, pero queremos quedarnos en nuestras casas. Allí no vivimos fantasmas, ¿sabes? Casi todos trabajamos, los niños están escolarizados. La casa que yo he comprado tiene 40 años».

Pedro no menciona, por ejemplo, que los vecinos pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que reciben servicios públicos como la recogida de basuras. Le rodean pancartas con lemas como «No somos marginados, somos humanos», «Marginan y derriban», «Por fabor [sic] dejarnos vivir en paz» y «Rasismo [sic] no».

La peregrinación es de apenas unos 150 metros hasta llegar a la Junta de Distrito. A los niños y niñas, muchas de ellas con hiyab, ya les ha dado tiempo a encabezar la marcha blanca, y el regidor se las ve y se las desea, megáfono en mano, para meterles en vereda de cánticos. Llega el momento de los discursos.

Pero antes, en un alarde organizativo, sentada silenciosa de un minuto y golpe de efecto consecuente para las cámaras de televisión congregadas. Lee Miguel Martín, el hombre fuerte de la coordinadora de vecinos, que agrupa a cuatro asociaciones: «La Cañada no es un asentamiento de delincuentes, aunque no podemos negar que existen núcleos conflictivos puntuales, y nosotros mismos pedimos desde aquí su erradicación a las Fuerzas del Estado».

Silencio administrativo

Martín, muy locuaz, ponderó «la fuerza de las palabras por encima de cualquier tipo de violencia», aseguró que «vecinos de la Cañada llevamos 10 años solicitando la regularización» y subrayó que «como respuesta de la Administración, sólo hemos recibido silencio».

Después, pidió la formación de la mesa sugerida por Ruiz – Gallardón hace poco, y terminó apuntando la posibilidad de que la Cañada llegue al mismo Ayuntamiento de Madrid en breve en forma de manifestación. Acaba de leer y apostilla: «Ahora voy a decir una cosa: ¡llevamos un montón de años y se ha jugado muy sucio con nosotros!». Aplausos.

Le observa de cerca Zacarías, marroquí de Alhucemas, 24 años. Se iba a casar y la piqueta tiró su casa, junto a la incineradora de Valdemingómez. Ahora vive en la de sus padres: «Con mi sueldo de 800 euros no puedo alquilar nada».

Y cada cual a su casa. «Pacíficamente», recordó, megáfono en mano Miguel Martín. Muy cerca, la única representación política: Milagros Hernández, de IU en el Ayuntamiento, quien pidió «una solución tranquila y consensuada». Continuará.

Detenido el menor que hirió a un agente de una pedrada

La policía ha detenido a un marroquí de 17 años bajo la acusación de herir de gravedad a un antidisturbios en la batalla campal ocurrida en la Cañada Real el pasado jueves 18 de octubre después de que los vecinos se opusiesen al derribo de una vivienda ilegal levantada en la vía pecuaria. El arresto se produjo el pasado viernes por la noche.

El menor fue identificado gracias al análisis de las imágenes emitidas por los medios de comunicación y a los datos aportados por los agentes que participaron en el desalojo. Los policías observaron como el joven arrojó, entre otros objetos, la piedra que impactó en el rostro del agente herido. Tras comprobar que podría tratarse de un menor de edad, se solicitó permiso a la Fiscalía de Menores para realizar un reconocimiento fotográfico por parte de los agentes que intervinieron en los hechos. El agente lesionado, un inspector de la UIP, sufrió varias fracturas de mandíbula y necesitó más de 40 puntos en la cara.