El Ejecutivo progresista de Romano Prodi aprobó el miércoles un decreto ley, que el presidente de la República convalidó el jueves, para poder devolver a su país de origen a los inmigrantes comunitarios que “hayan comprometido la tutela de la dignidad humana o de los derechos fundamentales de la persona o la incolumidad pública”. La adopción de esta medida se aceleró a raíz de un homicidio ocurrido en la noche del martes en Roma – – por el que ha sido detenido un ciudadano rumano – – , que conmovió a toda Italia .
El decreto ley autoriza a los gobernadores civiles a expulsar a ciudadanos comunitarios, siguiendo una directiva europea del 2006 que prevé la expulsión en caso de carecer de medios de subsistencia o haber cometido un delito. El alejamiento es aplicable a mayores de edad que lleven menos de 10 años en Italia, su vigencia no superará los tres años y su incumplimiento podrá castigarse con tres años de cárcel.

LOS ANTECEDENTES
Antonio Manganelli, jefe nacional de la policía, explicó ayer que “lo determinante será la peligrosidad social de los individuos, establecida no solo examinando sus antecedentes penales, sino también su modo de vida y, por tanto, la capacidad de sustento”, que a su juicio permite valorar “el riesgo de cometer delitos”.
En el punto de mira de esta medida están los rumanos. Se prevé que afectará a más de 5.000 personas de esta nacionalidad, de las 6.000 que se encuentran en prisión o están acusadas de varios delitos. Se trata del colectivo europeo más numeroso establecido en Italia (son 550.000) y también el que más incumple las leyes. Según datos de Interior, en el 2006 ciudadanos rumanos fueron los autores del 15,4% de los homicidios, del 16,2% de las violencias sexuales, del 15% de las extorsiones y del 19,8% de las rapiñas domésticas.

PALIZA A TRES RUMANOS
El Gobierno acababa de enviar al Parlamento un proyecto de ley de seguridad que incluía esta medida, pero tomó carácter urgente después de que el martes al caer la tarde Giovanna Reggiani, de 47 años, fuera atracada, violada y asesinada. El presunto homicida, un rumano de 24 años, fue detenido gracias al testimonio de una compatriota. El brutal crimen ha provocado un enorme rechazo social y también las primeras venganzas racistas.
Anoche, tres ciudadanos rumanos fueron apaleados en Roma por una decena de individuos que actuaron con cascos y pasamontañas.
La aplicación del decreto es inmediata. Un juez de paz examinaba ayer las cuatro primeras demandas de expulsión firmadas por el gobernador civil de Milán, Gian Valerio Lombardi. “Vamos a estudiar caso por caso”, afirmó Lombardi, quien estimó en “centenares” los posibles afectados en su provincia.
Las televisiones y la prensa llevaban meses haciéndose eco de sucesos criminales protagonizados por rumanos en toda la península. Ahora, el debate arrecia. Para el delegado del Gobierno en Roma, Carlo Mosca, “la línea dura es necesaria porque frente a las bestias solo se puede responder con la máxima severidad”. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Oreste Dominioni, denunció en cambio una “grave espiral autoritaria”. El diputado de Izquierda Crítica Salvatore Cannavo percibe en la operación “un claro sabor racista”, y para el líder ultraderechista Giancarlo Fini “llega tarde”.
Entre el 2004 y el 2006, Roma expulsó a 58.000 rumanos. En un mismo día del pasado diciembre, 14 aviones despegaron hacia Bucarest. “A los pocos días habían vuelto”, lamentó un inspector de Interpol. “Haremos que no vuelva a suceder”, prometió Prodi.