Sobre todo se ha repatriado a bolivianos y ecuatorianos. Una de cada tres expulsiones está relacionada con delitos La Delegación de Gobierno en Madrid ha expulsado en lo que va de año a 4.722 inmigrantes. La mayor parte de estas resoluciones son en aplicación de la Ley de Extranjería o por causas judiciales. Las cifras son similares a las registradas el pasado año, que se cerró con la expulsión de 5.840 ciudadanos extranjeros.

Son los agentes del Cuerpo Nacional de Policía los que se encargan de incoar los expedientes de expulsión a extranjeros. Una vez que se inicia el procedimiento se propone la resolución de expulsión a la Delegación de Gobierno.

El ranking de expulsados en la Comunidad de Madrid lo encabezan los bolivianos, que han experimentado un gran aumento. Le siguen los ecuatorianos y marroquíes. El 30% de los expedientes finalizados afecta a mujeres y el resto a hombres. La edad media de las personas a las que se obliga a regresar a su país de origen se sitúa en torno a los 28 años.

Hasta hace tres años eran los marroquíes y los rumanos los que copaban los primeros puestos de las expulsiones.

Este procedimiento judicial se ha realizado sin que hubiese ningún problema con los jueces. En todo momento han estado informados de las mismas y no han puesto objeciones a la medida.

Casi un 30% de las personas que se han devuelto a su país de origen lleva a sus espaldas causas penales. En un pequeño porcentaje de casos se condona la pena impuesta a los detenidos por la expulsión. Los jueces pueden sustituir las penas inferiores a seis años que recaigan sobre extranjeros en situación ilegal en España por la expulsión del país. Sin embargo, en 2004 la Sección 15 de la Audiencia Provincial dictó dos autos en los que rechazaba sustituir por la expulsión la condena de cinco años de cárcel que este mismo órgano judicial impuso a un narcotraficante, José B. R., detenido en Madrid con casi medio kilo de cocaína.

Fuentes policiales han indicado que aunque se siguen produciendo en Madrid algunos ajustes de cuentas entre bandas, se han reducido de forma importante desde que se han endurecido los filtros para algunos colectivos extranjeros en el aeropuerto de Barajas.

También ha sido importante la colaboración con las autoridades suramericanas desde que se iniciaron hace cuatro años varios acuerdos de colaboración.

Las fuentes informantes precisaron que, en todo caso, es muy difícil erradicar completamente este tipo de grupos organizados que ya se mueven por todo el continente europeo.

Por otra parte, la Delegación de Gobierno, que dirige Soledad Mestre, prosigue con los controles selectivos en zonas y locales de ocio. En estos puntos se lleva a cabo una identificación selectiva. Desde el propio organismo aclaran que en ningún caso se trata de redadas, ya que hace ya varios años provocaron un rechazo masivo de los trabajadores extranjeros en la capital o la región.

Por lo que respecta a las detenciones en materia de extranjería se ha producido un incremento del 4% en territorio de la Guardia Civil y de un 6% en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. El aumento del número de las detenciones se ha producido tras un esfuerzo policial que se ha concentrado en la especialización de los agentes en esta materia.

250.000 ilegales

En Madrid se calcula que existen unos 250.000 inmigrantes irregulares. En la Delegación de Gobierno no se tiene constancia del número de inmigrantes sin documentación en regla.

«Ese asunto lo lleva la Secretaría de Estado para la Inmigración» matiza Soledad Mestre. «Este Gobierno lo que hizo con la normalización fue un trabajo muy bueno», prosigue. «Se pudieron conciliar los intereses de los trabajadores que estaban en situación ilegal con los de los empresarios y los sindicatos. El Gobierno de España está por la inmigración porque enriquece económica y culturalmente a los países», añade la delegada del Gobierno en Madrid.

No obstante, para la delegada hay que apostar «por una inmigración regulada que venga acompañada de políticas de integración y educativas».

En todo caso, se mantendrán los controles y se mantendrá la política de expulsión de inmigrantes que han aprovechado la salida de compatriotas para venir a España y cometer delitos en la Comunidad de Madrid.