El Gobierno aprueba un decreto que permite echar del país a ciudadanos de la UE con historial penal – El caso de un rumano, que violó, robó, y asesinó a una mujer precipita la medida e impulsa la xenofobia Miles de inmigrantes europeos podrían ser obligados en las próximas horas a abandonar Italia. Ante la alarma desatada por el elevado número de delitos cometidos por extranjeros (fundamentalmente rumanos), el Gobierno de centroizquierda que lidera Romano Prodi aprobó el miércoles en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, un decreto ley que permite a los jefes de la policía expulsar por la vía de urgencia a todos aquellos inmigrantes pertenecientes a países de la UE que representen una amenaza para la seguridad ciudadana. Con el añadido de que aquel expulsado que se atreva a volver a poner el pie en Italia se arriesga a ser encerrado tres años en prisión.

El decreto fue firmado el jueves por la tarde por el ex comunista Giorgio Napolitano, presidente de Italia, y entró en vigor ayer, tras su publicación en el número 255 del Boletín Oficial del Estado. Ya se han expulsado a cuatro ciudadanos rumanos. El decreto tiene carácter eminentemente preventivo: busca expulsar del país a los extranjeros que constituyan un peligro social antes de que lleguen a robar, violar o asesinar.

La pregunta es: ¿cómo se puede establecer a priori si una persona podría llegar a cometer un crimen? «El elemento determinante será la peligrosidad social del individuo, que se establecerá no sólo examinando sus antecedentes penales sino también su forma de vida y sus medios de subsistencia, lo que proporciona una idea del riesgo que existe de que cometa eventuales delitos», explica Antonio Manganelli, máximo responsable de la policía italiana.

Leyes similares

Con esa medida, Italia sigue los pasos de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca, países que ya han adoptado legislaciones similares. Lo que llama la atención en Italia es que ha sido un Gobierno de centro – izquierda el que ha aprobado esas medidas.

Y no sólo eso: el principal promotor del controvertido decreto no es otro que Walter Veltroni, alcalde de Roma y nuevo líder de la izquierda italiana, tras ser recientemente elegido flamante secretario general del Partido Democrático.

También sorprende que el Ejecutivo de Romano Prodi haya decidido decretar esas medidas por la vía de urgencia… cuando sólo hace 24 horas el ministro del Interior, Giulianno Amato, defendía su aprobación siguiendo el procedimiento ordinario. Fueron los abusos sexuales y las brutales agresiones con resultado de muerte que un rumano infligió el miércoles por la noche a la esposa de un oficial de la Marina italiana que regresaba a su casa en el extrarradio de Roma por un oscuro callejón las que decantaron al Gobierno, bajo la exhortación del alcalde Veltroni, a aprobar esa legislación por la vía del decretazo.

Una legislación que va claramente dirigida contra los ciudadanos rumanos, a los que las autoridades italianas acusan de ser responsables de muchos de los delitos que se cometen en el país y que tras el ingreso de Rumanía en la Unión Europa sólo pueden ser expulsados de otro país de la UE mediante medidas excepcionales como las que ahora se han aprobado en Italia.

«En los primeros siete meses del año, los rumanos representaron el 75% de las personas arrestadas en Roma por violación, robo y asesinato. Es obvio que tenemos un problema específico», declaraba el alcalde de la capital italiana. Según los datos del último informe de Cáritas sobre inmigración, en Italia viven 577.000 rumanos, lo que hace de ellos la principal comunidad de extranjeros. Se trata de un fenómeno reciente: en los últimos cuatro años ha aumentado en un 92% el número de rumanos que ha emigrado a Italia. Y las estadísticas indican que, dentro de los delitos cometidos por extranjeros, los rumanos están a la cabeza en Italia en número de asesinatos cometidos (15,4%), abusos sexuales (16,2%), robos en viviendas (19,8%) y extorsiones (15%).

La aprobación por parte del Ejecutivo de Romano Prodi de las nuevas medidas de seguridad ha desatado un aluvión de críticas dentro de la coalición de centro – izquierda que gobierna en Italia. La izquierda más radical ya ha levantado su voz contra el decreto y deja caer la posibilidad de rechazarlo cuando sea sometido a votación en el Parlamento.

A la derecha italiana, por su parte, las nuevas medidas de seguridad le saben, pese a todo, a poco. «Se debe expulsar a todos los inmigrantes que no tengan trabajo», clamaba por ejemplo Gianfranco Fini, líder de la postfascista Alianza Nacional.