Tras varios días de silencio, las autoridades de Bucarest empezaron a dar ayer muestras de inquietud por las expulsiones de inmigrantes rumanos de Italia, en virtud del nuevo decreto ley aprobado de forma urgente después del asesinato, la semana pasada en Roma, de una italiana de 47 años por un gitano rumano. Anoche, el Gobierno anunció que el primer ministro rumano, Calin Tariceanu, viajará a Roma esta semana para reunirse con su homólogo, Romano Prodi.
Solo el sábado, los gobernadores civiles de Roma, Milán, Génova y Florencia firmaron 38 órdenes de expulsión por motivos de “seguridad pública”. Tariceanu expresó su deseo de ser informado por las autoridades italianas de los “criterios” en virtud de los cuales se han dictado esas órdenes. Además, el dirigente se mostró “inquieto” por las “reacciones xenófobas” que aprecia en Italia contra los inmigrantes rumanos y pidió a Prodi, que los “proteja”.

PALIZA RACISTA
Tariceanu se refería a la paliza que el viernes por la noche propinaron en la periferia de Roma un grupo de encapuchados a tres rumanos, una agresión racista que lleva el sello de la venganza por el asesinato de la mujer, un crimen que conmocionó a toda Italia. “Es mi deber avisar a mi homólogo que la situación empieza a degradarse y que se debe parar esta ola de xenofobia”, dijo el dirigente.
También el presidente rumano, Traian Basescu, criticó “las medidas inapropiadas decididas por las autoridades italianas, que corren el riego de suscitar el odio y dar lugar a injusticias”. Basescu informó que ha pedido a su ministro de Asuntos Exteriores que consulte a la Comisión Europea sobre las nuevas leyes.
El alcalde de Roma, Walter Veltroni, apeló a la “comprensión” de Bucarest. “El flujo migratorio en la capital ya no es sostenible”, afirmó.

CIRCULAR DE INTERIOR Y
el Gobierno italiano de centroizquierda se mantiene firme en su decisión. El ministro del Interior, Giuliano Amato, recomendó ayer a los gobernadores civiles que ejerzan “controles sistemáticos” sobre los inmigrantes, con vistas a eventuales expulsiones por motivos de “seguridad pública”. La circular firmada por Amato invita a los gobernadores civiles a “ejercer los poderes que les atribuyen las nuevas normas”, es decir el decreto ley aprobado que autoriza las expulsiones de inmigrantes de la UE en razón de su “peligrosidad”.
Sin citarla por su nombre, el Papa terció en la polémica. Después del rezo del Angelus, Benedicto XVI instó a los países “que están predispuestos a la seguridad y a la acogida de inmigrantes que garanticen los derechos y los deberes, que son la base de la verdadera convivencia y encuentro entre los pueblos”.