Tras conocerse que el agresor a la menor ecuatoriana padece gravísimos problemas psíquicos, tratados clínicamente desde su dura niñez, y que el valiente espectador pasivo era argentino, quizá descienda algo la alarma que ha provocado. Pero no debemos bajar la guardia, porque cada año se dan (y hay muchas más sin registrar) más de 4.000 agresiones racistas en lugares públicos en España, en su casi totalidad provocadas por españoles racistas confesos.

No es difícil, a quien no tenga intereses que le cieguen, saber cómo se ha producido esta alarmante situación. Se ha permitido o incluso estimulado una desordenada inmigración masiva, sin precedentes en Europa por su tamaño relativo y por su rapidez, lo que la ha hecho imposible de asimilar aún. Esta crisis ha sido incluso en parte provocada por grandes intereses económicos y políticos de ciertos grupos, que se lucran de los bajos salarios que su superabundancia permite imponer a los inmigrantes y a los mismos españoles que compiten con ellos en distintos sectores por esos empleos basura. Más aún: esa frustración suscita, como en otros países, un fuerte racismo en estos estratos económicamente bajos de españoles, lo que favorece a la extrema derecha política, hoy así ya tan crecida, tan relacionada y hasta confundida como hemos visto incluso públicamente en distintas manifestaciones con parte de la derecha oficial parlamentaria.

Esta situación social, más que un hecho puntual presentado sensacionalistamente por algunos medios, es lo que nos debe alarmar, y mucho, y movernos a poner los medios para atacar en sus raíces esos clamorosos delitos, que revelan la extensión en toda nuestra geografía y gravedad hasta la muerte, desde el asesinato de Lucrecia de esta alarmante peste racista.