Un salvadoreño demandó ayer por negligencia médica al gobierno de Estados Unidos, por no haberle proporcionado la asistencia adecuada para tratar un cáncer terminal de pene durante su estancia en prisión. Si el juez encuentra que el gobierno estadounidense tiene culpa, le impondría una sanción económica.

Francisco Castaneda, de 35 años, quien sufrió la amputación del miembro en febrero, dice que un tratamiento médico a tiempo hubiera impedido que el cáncer se extendiera y se convirtiera en una enfermedad mortal.

Conal Doyle y Adele Kimmel, los abogados de Castaneda, presentaron ayer el documento ante la corte del distrito central de California, que exige una compensación económica por los daños sufridos por el demandante.

El salvadoreño, con cargos por tráfico de drogas, permaneció bajo custodia en un correccional de California desde diciembre de 2005 a marzo de 2006.

Allí se le diagnosticó una herida en el pene, pero no recibió la aprobación para acudir a un urólogo ni para que se le practicase una biopsia. Luego fue trasladado a una prisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de San Diego, pero tampoco se le atendió su lesión debidamente.