La Generalitat y el TSJC coinciden en apuntar que los conflictos entre catalán y castellano fueron «casi inexistentes» durante 2006 La influencia de la inmigración se nota en todos los ámbitos, y también en la Justicia. El pasado año se realizaron 22.646 interpretaciones durante los juicios que se celebraron en Cataluña, para dar voz y hacer comprensibles las declaraciones de acusados, víctimas o testigos. Estas interpretaciones se hicieron en «unas 70 ó 75 lenguas diferentes», según explicó el Departament de Justícia a este diario.

Los servicios de interpretación en árabe fueron, con un amplio margen, los más solicitados, al significar el 37% de los servicios requeridos. En segundo lugar figura el rumano, con el 11%; el inglés, con el 8%, y el francés, con un 7%. A mayor distancia de los mencionados figura el ruso, que supuso el 5% de las interpretaciones, seguido del chino, con otro 5%. A partir de este punto, decenas de lenguas comienzan a proliferar, aunque en porcentajes muy bajos, como el caso del urdú, el wolof – la lengua vehicular del Senegal – , el panjabi (India), el manding – oeste de Africa – , el twi (Ghana), el persa farsi, el malí (Indonesia), o el akan, hablado también en Ghana y en Costa de Marfil.

En cambio, las mismas fuentes precisaron que durante el año pasado los servicios de interpretación de catalán y castellano podían contarse «con los dedos de una mano», señalando que los problemas derivados del bilingüismo son «inapreciables». En la misma línea se posicionaba la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, en una carta remitida a la consellera de Justicia, Montserrat Tura, sobre el uso del catalán y el castellano en el ámbito judicial. En dicha misiva, firmada el 26 de marzo de 2006, la presidenta del alto tribunal hacía constar que, durante el año pasado, el TSJC «sólo tiene constancia de que se ha producido una queja» por motivos lingüísticos.Se trató del caso del juez de Badalona que se negó a casar a una pareja en catalán, pese a que ésta lo había solicitado expresamente.

La opción lingüística entre catalán y castellano ha vuelto a tratarse recientemente a raíz de la actuación de la magistrada de la Audiencia de Barcelona, Ana Ingelmo, que instó a un testigo a que se expresase en castellano durante el juicio del crimen de la Patum de Berga porque varios de los acusados no comprendían el catalán. Su actuación llegó al Consejo General del Poder Judicial, en un caso que finalmente se archivó. Al respecto, fuentes judiciales explicaron que los conflictos entre castellano y catalán en la Justicia «no existen», aunque sí consideraron que la magistrada debió tener «más mano izquierda» y «proponer suspender la vista hasta que se pudiera contar con un intérprete», algo que al final «nunca sucede, porque la persona que habla en catalán lo hace en castellano, y viceversa, para no dilatar el proceso».

Es más, según explicó el Departament de Justícia, en algunas ocasiones, lo que se hace en estos casos es optar por un sistema mucho más práctico y rápido: que un mismo funcionario judicial actúe de traductor, situándose junto al acusado, víctima o testigo y trasladándole las preguntas que le realice el tribunal. Ello no quita que la persona que declara «pueda pedir la asistencia de un traductor si lo prefiere, porque está en su pleno derecho».