Los nacionalistas canarios han presentado en el Senado una propuesta en la que piden subsanar errores formales y competenciales de este acuerdo, que no ha tenido en cuenta al Gobierno canario en una materia que es competencia autonómica. No obstante, Alfredo Belda dijo que no se oponen al contenido del convenio.

CC ha presentado en el Senado una propuesta de aplazamiento del acuerdo firmado en marzo entre España y Marruecos sobre repatriación de menores y prevención de la inmigración ilegal, al entender que existen defectos de forma en ese convenio que deben ser corregidos antes de aplicarse.

El senador nacionalista Alfredo Belda quiso dejar ayer claro que su formación política no está en contra de este convenio, que pretende precisamente tratar de aliviar un problema que el Gobierno canario considera prioritario, sino que el problema está en cómo se han hecho las cosas.

En concreto, se quejan de que el Gobierno central haya incumplido lo que señala el Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 32 señala que la Comunidad Autónoma deberá ser informada en el proceso de negociación y elaboración de tratados internacionales cuando afecten a materias de su específico interés. A partir de Ahí, el Ejecutivo central debe emitir su parecer.

Según Belda, ese trámite no se ha cumplido, aunque también reconoció que eso ocurre casi siempre, y hasta el momento no se había utilizado esta fórmula de pedir el aplazamiento en la puesta en marcha del acuerdo bilateral.

Además, está el problema de las competencias. En la actualidad el Gobierno canario tiene la tutela de los menores inmigrantes, y CC considera que entonces “podría plantearse la duda de si la aplicación de este acuerdo internacional supondría una eventual alteración de la distribución constitucional y estatutaria de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas”.

Esta “queja” por el problema competencial contrasta, sin embargo, con la posición que precisamente el Gobierno canario y CC han mantenido en relación a esta competencia, ya que recientemente se ha pedido al Gobierno central que vuelva a asumir la tutela de los menores inmigrantes, ante las dificultades de la Comunidad Autónoma para atender a tantos como han llegado en los últimos años. En concreto, unos 4.300 desde el año 2000.

El acuerdo con Marruecos supone que España facilitará la asistencia en el territorio de los menores de edad, garantizando su protección, y proporcionará a las autoridades marroquíes, en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada ilegal, toda la información pertinente.

Por su parte, las autoridades marroquíes procederán a la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad, en un plazo de tres meses, a partir de la entrega de la documentación; paso previo para estudiar el caso de los menores que puedan ser devueltos a Marruecos.

España, a su vez asumirá la financiación de las acciones de protección y de repatriación de los menores de edad no acompañados y colaborará en la cofinanciación de las acciones de prevención.

Igualmente, contempla la adopción de medidas de prevención centradas en el desarrollo social y económico de las zonas de origen de estos menores.