La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, manifestó ayer que es necesario sacar del debate político la cuestión de los menores extranjeros que llegan en patera o cayuco a las Islas para exigir de una vez un nuevo marco jurídico que garantice el futuro de los chicos que cumplen 18 años en el Archipiélago.

Así lo expuso Rojas en su comparecencia de ayer en comisión parlamentaria, donde reprochó al ministro de Trabajos y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por no haber respondido a una carta suya, enviada el pasado mes de agosto, en la que le proponía dialogar “con sosiego de este asunto”.

La consejera recordó que desde el año 2000 han sido 4.300 los menores extranjeros llegados al Archipiélago y puso de manifiesto su preocupación ante la dificultad de poder lograr la integración de todos ellos en las Islas.

Rojas recalcó que, en cambio, para los 300 que pueden vivir en los recintos gestionados por los siete cabildos, sí se les puede garantizar la integración sin problemas. En este sentido, puso de manifiesto que los centros de emergencia construidos el pasado año con carácter provisional siguen ocupados al máximo.

Recalcó que su preocupación es que cuando estos chicos cumplen la mayoría de edad, el Gobierno canario los sigue manteniendo en pisos tutelados, les facilita formación e, incluso, trata de facilitarles un empleo, pero es casi imposible porque no tienen documentación en regla.

Por esta causa, Rojas insistió en la necesidad de cambiar el marco jurídico que garantice el futuro de estos niños.

En la misma comisión, la diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez acusó a la consejera de haber promovido esa comparecencia “con un objetivo electoral” y defendió la actuación del Gobierno central en materia de inmigración. Precisó que Canarias ha recibido más de 23 millones de euros para menores extranjeros desde 2005.

Además, apuntó que el Gobierno central ofreció la construcción de un nuevo centro para menores en las Islas, a lo que se opuso el Ejecutivo regional.

“Sólo desde la implicación de las demás comunidades puede haber solución a esta situación, y para ello, el Gobierno canario debe también buscar esa solidaridad”, dijo Rosa Guadalupe Jerez.