Las diferencias económicas entre los países receptores de inmigrantes y los de origen no son, según la directora general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Teresa Bravo,el único factor a tener en cuenta a la hora de elaborar los programas de actuación institucionales. Bravo subrayó durante su conferencia la necesidad de abordar la inmigración en Andalucía desde una perspectiva que integre cuestiones económicas, éticas , de respeto a los derechos humanos y social.

En este contexto, la ponente hizo hincapié en el papel que desempeñan las políticas de intervención y de prevención social en el diseño «para evitar los errores cometidos en otros países, que han llegado a producir sentimientos de desarraigo y brotes xenófobos».

Vínculos históricos

En primer lugar, Bravo llamó la atención sobre la oportunidad de crear un espació común para Andalucía y las regiones del norte de Marruecos. Esta postura, dijo, se justifica, entre otras razones, por el hecho de que el flujo económicos generado por los movimientos migratorios supone el 10 por ciento del producto interior bruto marroquí y por las relaciones culturales que vinculan a ambas zonas desde hace siglos.

«La emigración puede ser un factor decisivo para que ese espacio se abra», aseguró, «y el resultado dependerá del modelo de política migratoria que se aplique».

En opinión de la conferenciante, «el modelo menos ético es problematizar el fenómeno» y añadió que un enfoque meramente economicista se traduce con frecuencia en el no reconocimiento de los derechos fundamentales. «Los modelos de Francia y del Reino Unido presentan síntomas de agotamiento, como la mal llamada segunda generación y la creación de guetos».

Bravo situó el Plan de Integración de Andalucía Vigente en el otro lado de la balanza. De este modo, apuntó que los estudios realizados recientemente por el Observatorio Andaluz de la Inmigración indican que el grado de aceptación de los inmigrantes ha subido entre los andaluces, «lo cual es un buen síntoma».

La directora de Políticas Migratorias explicó que el punto fuerte del plan andaluz radica en la normalización de los servicios prestados a los inmigrantes en los ámbitos sanitario, educativo y social. «Actuamos de forma contraria a la de otros, que reducen estas prestaciones para que pensemos que la población inmigrante viene a quitarnos algo», apostilló.

«Distorsión»

Una de las características principales del plan es, según Bravo, el seguimiento y evaluación que se realiza con regularidad de las iniciativas que encuadra. En este punto, recalcó la importancia de analizar la evolución de la percepción social hacia la cuestión migratoria. «En Andalucía a veces hay conflictos reales originados por el miedo a lo desconocido o incluso azuzados por irresponsables», declaró.Por ello, concluyó con un llamamiento a todos los implicados en el proceso para «combatir imágenes distorsionantes de la realidad». Se refería, en concreto, a los políticos de todas las formaciones y a los medios de comunicación, a los que instó a «no vincular de forma automática inmigración a factores como la criminalización».