La intolerancia puede ser calificada como la peste del mundo contemporáneo. A veces se viste con la ropa de la xenofobia, como lo registran las imágenes captadas en el vagón del tren catalán. Otras se pone la camisa del racismo, como lo certifican las expresiones de un Premio Nobel que desdicen su condición de científico. Otras se rapa la cabeza y la vacía de cualquier razonamiento hasta convertirse en un perfecto neonazi, como lo hizo la pandilla que agredió a la conductora de un programa de la radio La Luna. Xenofobia, racismo e ideologías autoritarias son solamente tres entre las múltiples expresiones que puede adoptar el problema de fondo. El mal a combatir es la intolerancia bajo cualquiera de sus formas, y hay que hacerlo aquí o más allá de las fronteras nacionales, con todos los recursos y la fuerza que proporciona el estado de derecho.

El Gobierno ha hecho bien al asumir directamente el caso de la compatriota agredida en Barcelona. La presencia de la Canciller le da la fuerza necesaria a la posición adoptada en defensa de los derechos y libertades de nuestros compatriotas emigrantes (a quienes, de paso, sería más respetuoso y coherente llamarlos como lo que son y somos todos: ciudadanos, compatriotas o sencillamente ecuatorianos, sin la carga paternalista del término que ella suele utilizar). Esa misma fuerza y esa misma decisión debe utilizar el Gobierno, a través de los funcionarios correspondientes, en el caso del ataque a la periodista de La Luna. Ahí hay denuncias muy graves de complicidad de los atacantes con elementos policiales, lo que de ser cierto significaría que estamos frente a algo más peligroso que la agresión realizada por un xenófobo aislado. Pero, aun cuando no existiera esa vinculación, se debe enfrentar el problema casa adentro con la misma entereza que se está haciendo en el exterior.

No cabe, frente a hechos de esta naturaleza, buscar los atenuantes en la falta de afecto maternal o en los problemas psicológicos de los agresores. La intolerancia es el ataque a quien se considera diferente o a quien no piensa como uno, y ese no es un problema individual ni lleva a sentir la pena por el agresor que dice tenerla el Presidente. Hay que exigir que la ley actúe para que haya justicia. Cualquier otra consideración es innecesaria.

Aparte de esto, pero en relación con la manera en que miramos a quienes no han nacido en nuestro país, llama la atención que al periodista Kinto Lucas se le haya negado la nacionalidad ecuatoriana. Si alguien se la merece es una persona como él, que ha dado al Ecuador aportes bastante más importantes y duraderos que los que se logran con una patada al balón. Por ello, resulta vergonzoso el informe de la Cancillería que sostiene que no tiene méritos suficientes. Se comparta o no su posición política, su solicitud debió ser aceptada. Aún hay tiempo para enmendar el error y demostrar que este puede ser un país de acogida como pedimos que sean los otros.