«Seis cogidos en el estadio amasando víveres». El titular aparecía ayer en el San Diego Union Tribune, con fuentes de la Policía local, pero la versión que daban las organizaciones de derechos humanos y el Consulado mexicano eran muy distintas: los seis mexicanos de los que hablaba el artículo eran parte de dos familias que desde el lunes se refugiaban en el estadio Qualcomm, como cerca de 10.000 personas que fueron forzadas a evacuar sus casas debido a los incendios. Su delito, no tener papeles y llevarse consigo lo que les habían dado, igual que los demás.

Mientras los seis adultos contra los que nunca se presentó ningún cargo eran deportados a Tijuana, siete menores nacidos en Estados Unidos, y por tanto con nacionalidad estadounidense, se quedaban atrás, sin padres ni hogar. Detrás de ellos, al menos veinticinco indocumentados hacían el petate y abandonaban el estadio con lo puesto, por miedo a seguir su misma suerte, según Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos. Era preferible abandonarse a la suerte que les depare la naturaleza que a deportación segura.

«Y resultó que sus temores eran fundados», se lamentó ayer Andrea Guerrero, del Consorcio de Derechos de Inmigrantes, que horas antes había querido pensar que se trataba de un caso aislado. A las diez de la noche la Policía patrullaba el estadio pidiendo la documentación con el argumento de que tenían que demostrar que vivían en una de las zonas evacuadas. A Eunise Castro, una mujer que llevaba tres días viviendo en el estadio con un bebé en brazos, la Policía le impidió el paso cuando intentó volver a entrar, y a las súplicas de su marido le siguió la amenaza del policía. «¿Y qué pasa si te agarra la migra?».

Falsas promesas

Se estrellaban así los esfuerzos del Consulado mexicano por defender a la comunidad de nacionales que puebla el estado. Se calcula que en EE UU viven 12 millones de indocumentados, la mayoría en California. Tan pronto como estallaron los incendios, el cónsul Ricardo Pineda se puso en contacto con las autoridades para rogarles que abandonaran la persecución de ilegales mientras duraba la emergencia. «Nos aseguraron que esta semana su política no sería la de cazar inmigrantes, sino que su presencia sería sólo para apoyar a otras agencias», dice Pineda. Y con esa promesa el consulado mexicano inauguró una línea telefónica de emergencia en la que daba información sobre los albergues a los que acudir, pero la desconfianza de muchos ha resultado fundada.

Incluso dentro del estadio donde los refugiados reciben masajes y dicen que se les trata como a la realeza, los que no hablan inglés se han tropezado con el racismo.