Dentro de la cumbre de ministros europeos que aborda en Lanzarote el acceso a la Justicia de los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los menores, el ministro Mariano Fernández Bermejo le recordó al Gobierno canario que “todos tenemos que arrimar el hombro”.

Con la intención de dar respuesta a las necesidades jurídicas que los flujos de inmigración están causando en Europa, 47 ministros y secretarios de Justicia europeos se dieron cita ayer a primera hora de la mañana en Lanzarote, en donde permanecerán hasta mediodía de hoy para tratar de acordar medidas concretas que puedan hacerse efectivas en las próximas reuniones.

Bajo la presidencia del ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, los representantes europeos debatieron acerca de cómo mejorar el acceso a la Justicia de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes, fundamentalmente los “ilegales”, los solicitantes de asilo y los menores.

Todos los participantes coincidieron en señalar que la ubicación de esta XXVIII Conferencia del Consejo de Europa en la isla de Lanzarote adquiere una especial significación por tratarse de un lugar al que, no sólo frecuentemente arriban inmigrantes ilegales, sino que además acoge a numerosos menores en situación irregular.

Sin embargo, el ministro anfitrión, Mariano Fernández Bermejo, aprovechó la ocasión para dirigirse al Gobierno de Canarias tras sus reiterados llamamientos acerca de la falta de solidaridad en la redistribución de los menores, asegurando tajantemente que “en vez de quejarse continuamente, debería trabajar más para que las cosas salgan bien”.

Fernández Bermejo se refirió al “enorme esfuerzo que está realizando el Gobierno estatal en materia de menores y, aunque comprendo que pueda quejarse el Ejecutivo canario, debemos ser conscientes de que lo importante es ayudar”, insistiendo en la necesidad de “que todos debemos arrimar el hombro” ante este importante problema.

Durante su discurso, el titular de Justicia recordó que la cercanía de las costas españolas y más concretamente las canarias “es un escalón que separa a África de Europa, que separa la educación, la sanidad gratuita, los servicios sociales y un sueldo 500 veces mayor de los 33 países más pobres del mundo. Delante de ellos, a su alcance, está la puerta de Europa y no dudan poner en riesgo su vida para llegar hasta ella, por lo que la Justicia es la única garantía que tienen para preservar los derechos humanos y la dignidad”, recalcó el ministro.

Asimismo, Bermejo aprovechó su encuentro con la prensa para desmentir que en un futuro próximo vaya a llevarse a cabo cualquier tipo de regularización aunque añadió que “debemos hacer los posible por trabajar todos juntos para que los reagrupamientos y las repatriaciones se hagan lo mejor posible.”

Al ser preguntado si a su juicio el aumento de la inmigración en España ha traído consigo un aumento de los niveles de delincuencia e inseguridad, el ministro Fernández Bermejo aseveró que “tal vez podría ser en cuestiones tales como la violencia de género, pero creo que nadie con sentido común puede establecer una relación entre estas dos variables”.

Hoy todo el mundo sabe – añadió el dirigente – que los flujos migratorios suponen un importante aporte social y económico, lo cual no impide que puedan haber hechos delictivos pero para ello están las leyes que son las que deben dar respuestas".

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, el tinerfeño Julio Pérez, aseguró que “hoy es un día clave porque se sentarán las bases de lo que serán los criterios y normas que regirán en materia de inmigración y protección de la infancia en Europa”.

Para Pérez, “no deben existir diferencias jurídicas entre los españoles y los extranjeros”.

“Unidos en la adversidad”

Durante la sesión plenaria y a través de una videoconferencia, el comisario de la Unión Europea de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Fratinni, coincidió en la visión presentada por el ministro español y aseguró que el problema de la inmigración afecta a toda Europa por lo que “debemos estar unidos en la adversidad, y si tenemos una verdadera identidad europea seremos capaces de garantizar una justicia real para todos; asegurando los derechos de los que llegan y de los que solicitan asilo e incluso mejorando la situación de los trabajadores inmigrantes.”

El más crítico fue el presidente del Comité de Inmigración, Refugiados y Ciudadanos, el turco Mevlut Cavusoglu. Tras recordar la crudeza de las imágenes de los cayucos llegando a Canarias, increpó a los presentes recordando que sólo tres estados han firmado el convenio para la protección de los trabajadores inmigrantes, asegurando que “los países tienen que reexaminar los instrumentos que tienen para proteger a los inmigrantes y a los que solicitan asilo, ya que 5,5 millones de personas están en situación irregular en Europa y es indignante que sigan estando en la sombra”.

Cavusoglu terminó señalando que “se debe garantizar la protección y la asistencia de los inmigrantes aunque la opinión pública pueda no estar de acuerdo porque no puede haber humanos de segunda clase ni derechos de segunda clase”.