Dos sucesos de significado racista, aunque de alcance y dimensión bien diferentes, acaban de ocurrir en Cataluña y han conmocionado al país a través de los medios. El más espectacular es la violentísima agresión de un joven catalán a una menor ecuatoriana en un vagón semivacío de los Ferrocarriles de la Generalitat, grabada por una cámara de seguridad. El otro, el plausible motín organizado por un centenar de usuarios de un tren que cubría el trayecto Gerona-Figueras por la actitud de un revisor que sólo pidió el billete a un pasajero negro.

En ambos casos, la evidencia demuestra que tenemos un problema de integración de las minorías. El primero de estos sucesos, en el que el despreciable truhán se emplea con una frialdad despiadada sin que haya mediado provocación alguna de la víctima, se presta a diversas consideraciones: de un lado, la contemplación de las imágenes del apalizamiento suscita la pregunta de cuántas agresiones de esta índole se producirán a diario en España fuera de los focos y, por lo tanto, silenciadas e impunes en su mayor parte.

De otro lado, ha sido indignante la noticia de que este sujeto, identificado y detenido por la Guardia Civil, fue inmediatamente puesto en libertad por el juez, con el argumento de que no se había personado el fiscal en la vista. Ello dio ocasión al sujeto a efectuar declaraciones a los medios en un tono chulesco y retador que contribuyó a incrementar la indignación de la opinión pública, antes de que la Fiscalía de Barcelona ordenase ayer tardíamente su detención.

En una primera aproximación al problema, lo más llamativo es precisamente esta falta de rigor judicial, que mantiene en libertad al indeseable agresor de la muchacha latinoamericana y que debe corregirse. Probablemente, y como ya sucede con la violencia de género contra la mujer, la violencia de origen racial ejercida sobre las personas debería ser siempre delito y no falta, ya que bajo ella subyace una intransigencia asocial y aterradora. La gravedad del caso se desprende a las claras del segundo suceso comentado más arriba: la ciudadanía entiende que es muy grave faltar al respeto al diferente. Un criterio reconfortante que sin duda refleja la posición social mayoritaria, en la que rechinan sin embargo las actitudes intolerantes como las descritas.

En un país de fuerte inmigración como el nuestro en el que ya se ha superado la cota del 9% de extranjeros, la integración de éstos es una cuestión vital. No, obviamente, por causa de altercados como los descritos sino porque la xenofobia, el odio al extranjero y al diferente, introduce cuñas objetivas y desestabilizadoras en la convivencia. Es conocido que, como recordaba ayer la prensa catalana, frente a la inmigración se alza una extrema derecha organizada que contaría con entre 11.000 y 15.000 jóvenes integrados en diferentes bandas de Cataluña, Madrid, Valencia y Aragón especialmente.

Las acciones precisas son, en definitiva, de dos clases: por una parte, las encaminadas a la integración, y que deben basarse en reglas claras: quienes ingresen en nuestra sociedad deberán acatar íntegramente y sin lagunas el vigente Estado de Derecho, a cambio de lo cual serán reconocidos y les será progresivamente atribuido el derecho a participar en la vida pública; asimismo, los inmigrantes dispuestos a ingresar en la sociedad de acogida dispondrán de los recursos y de las ayudas del sistema público de integración social. Estos criterios niegan rotundamente que nuestra sociedad avance hacia el multiculturalismo: nuestro sistema sociocultural no cederá el paso a otros modelos.

Por otra parte, hay que combatir los guetos mediante acciones tanto directas como indirectas. Es lógico que las comunidades foráneas mantengan vínculos internos de solidaridad y amistad, pero no sería tolerable que acabaran formando islas, desvinculadas del entorno y sujetas a reglas endogámicas de carácter particular. La nuestra es una sociedad abierta y no sólo retóricamente, basada en unos sustratos políticos, culturales y lingüísticos determinados, que deberá aceptar quien opte por residir aquí.

Finalmente, es preciso combatir psicológica, cultural y jurídicamente el racismo, que en la mayoría de los casos es fruto de un temor insuperable y patológico a la competencia del otro, del diferente. Y del mismo modo que la mujer se beneficia legítimamente de una discriminación positiva para que se pueda vencer el arcano machista, también el extranjero ha de disfrutar de una posición penal ventajosa para que resulte más fácil erradicar el odio racial, que es una de las más graves inhumanidades.