La nueva ley de inmigración francesa, aprobada ayer definitivamente por la Asamblea Nacional y el Senado, permitirá la regularización de los inmigrantes que tengan un contrato de trabajo, según dispone una enmienda presentada por tres diputados de la mayoría gubernamental y que había pasado inadvertida en medio de la polémica suscitada por la introducción de los tests de ADN para el reagrupamiento familiar.
El párrafo añadido al artículo 12, que ya fue votado por unanimidad en la Asamblea y en el Senado, dice en su exposición de motivos: “A título excepcional, es necesario poder regularizar trabajadores. Esta enmienda faculta a la autoridad administrativa a regularizar a un extranjero bajo la reserva de que encuentre un trabajo en un oficio y una zona geográfica caracterizados por las dificultades de reclutamiento”.

CASO POR CASO
Aunque el Gobierno destaca que no se trata, “de ninguna manera, de comprometerse en la vía de una regularización masiva”, y que serán los prefectos (gobernadores) los que decidirán caso por caso, concediendo una tarjeta de residencia de solo un año, la enmienda no hace otra cosa que seguir las directrices adoptadas en el 2005 por el Gobierno español y que costaron un enfrentamiento entre Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, y José Luis Rodríguez Zapatero.
Sarkozy reprochó entonces a Zapatero la regularización de los sin papeles con trabajo – – unos 600.000 – – y el presidente del Gobierno español le respondió que no aceptaba lecciones de Francia en inmigración en plena crisis de las banlieues, que se saldó con miles de coches y decenas de edificios públicos quemados. Italia, Alemania y otros países de la UE han regularizado también a los inmigrantes con contrato de trabajo.
En Francia, se calcula que hay entre 200.000 y 400.000 sin papeles y que dos tercios de ellos tienen trabajo, por lo que podrán beneficiarse de esta enmienda. A finales de septiembre, el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, calculó que 470.000 ofertas de trabajo estaban sin cubrir en Francia en empleos que los franceses no quieren aceptar, sobre todo en la agricultura, la construcción, la hostelería y la restauración.
La ley de inmigración del 2006 cerró la puerta a las regularizaciones “de pleno derecho” a los 10 años de residencia en Francia, pero dejó una rendija “por razones humanitarias”. La enmienda actual, en realidad, lo que hace es abrir más esa rendija añadiendo las “razones económicas” a las humanitarias. Sarkozy quiere que la “inmigración económica” pase del 7% actual al 50%, al mismo tiempo que desciende la inmigración por reagrupamiento familiar.

TESTS DE ADN
Precisamente para dificultar el reagrupamiento familiar se ha elaborado esta nueva ley de inmigración aprobada ayer – – la cuarta en seis años – – , que impone exámenes de francés y de los “valores de la República”, eleva el nivel de ingresos mínimos e introduce las pruebas de ADN para que un inmigrante pueda traer a su familia a Francia.
Las organizaciones de ayuda a los inmigrantes han acogido la enmienda con satisfacción, pese a sus restricciones, ya que se trata de la primera vez que los sin papeles podrán utilizar el contrato de trabajo como vía para legalizar su situación.