La Comisión europea presentó ayer a los Estados miembros un procedimiento normalizado para incentivar el acceso a la Europa comunitaria de trabajadores altamente cualificados (los que disponen de una titulación superior y una experiencia no menor de 3 años, según la definición acuñada para el caso), de los que los sistemas productivos denotan una carencia generalizada.

Las propuestas de la Comisión contemplan dos actuaciones: de un lado, se crearía en la Europa comunitaria una ‘Tarjeta Azul’, similar a la ‘verde’ norteamericana, que facultaría a los candidatos cualificados de terceros países a trabajar un mínimo de dos años en la UE, en condiciones previamente definidas. Pasado ese periodo de tiempo, el poseedor de la tarjeta podría desplazarse a otro Estado miembro a prestar sus servicios, pero la carta deberá ser renovada, pues su duración, a diferencia de su homóloga norteamericana, no es indefinida.

La ‘Carta Azul’, como ayer se preocupaban por precisar el presidente Durao Barroso y su vicepresidente para asuntos de Libertad, Seguridad y Justicia, Franco Frattini, no crea ningún derecho de admisión. Serán los Estados miembros quienes determinarán sus necesidades de tarjetas azules y efectuarán la oferta de puestos de trabajo correspondiente. La preferencia comunitaria será respetada en todo caso, lo que significa que un ingeniero estonio, por ejemplo, tendrá preferencia sobre otro indio ante una oferta nacional de la citada categoría.

La segunda propuesta establece un procedimiento estándar para los candidatos a la ‘Tarjeta Azul’, así como un conjunto de derechos homogéneo para los trabajadores procedentes de terceros países «comparable al de los ciudadanos europeos» y sin que con ello se armonicen las condiciones de admisión de inmigrantes, que continuarán siendo potestad de los Estados miembros.

Entre los derechos contemplados se cuentan las condiciones laborales, el salario (deberá ser al menos tres veces el mínimo decretado en el país de acogida, o su equivalente), el reconocimiento de calificaciones y acceso a servicios o ventajas fiscales. «Habrá una base común de derechos, tanto de trabajo como de residencia», dijo el vicepresidente Frattini.

Dificultades

Los trabajadores cualificados de origen extranjero apenas representan en la Europa comunitaria el 0,9% de la masa laboral, o 70.000 empleos al año, cuando en Australia son el 9,9%, en Canadá el 7,3% y en Estados Unidos el 3,5%.

Barroso y Frattini achacaban ayer estas cifras a la dificultad relativa mayor que representa para un candidato extranjero a un puesto cualificado acceder a la UE en buenas condiciones laborales. Así, la mitad de los emigrantes con un título superior originarios del Magreb reside en Canadá, mientras que la Unión Europea acoge al 85% de los que carecen de título universitario, de entre los de ese origen geográfico.

Entre las facilidades a las que la ‘Tarjeta Azul’ dará derecho figura la del reagrupamiento familiar. Frattini advirtió que se tomarán medidas para evitar el despoblamiento de cerebros en los países poco desarrollados.

El Parlamento europeo, que el pasado 26 de septiembre aprobó un informe en el que se reclamaba el establecimiento de una ‘Tarjeta Azul’ para inmigrantes cualificados, prestó una acogida favorable a la iniciativa, aunque alguno de sus miembros, como Claudio Fava, reclamara un contexto «más ambicioso» para el modelo.