Tras semanas de controversia y sin entusiasmo, el Parlamento francés dio ayer luz verde definitiva al proyecto de ley de «control de la inmigración», que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar como los polémicos test de ADN.

El texto salió adelante en el Congreso con 282 votos a favor – los del partido presidencial UMP y cuatro de sus aliados del Nuevo Centro – y 235 en contra: los de la izquierda, centristas e incluso cuatro diputados de la UMP, formación de la que otros 21 se abstuvieron. El Senado refrendó el texto por 185 a 136 votos.

La última palabra la tendrá el Consejo Constitucional, ante el que socialistas, comunistas y Verdes han anunciado que recurrirán para anular el artículo sobre los test de ADN.

Esta controversia ensombreció el resto del proyecto de ley, elaborado por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, Brice Hortefeux, y que responde a la política de «inmigración escogida» de Nicolas Sarkozy, decidido a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

Un diputado Verde acusó al Gobierno de «instituir la xenofobia de Estado» y de «pagar la deuda con la extrema derecha, que permitió» la elección de Sarkozy. El ministro Hortefeux se defendió de las «caricaturas y excesos» proferidos en torno a los test, alegando que ya se usan en 12 países europeos gobernados, en su mayoría, «por socialistas».

Un sondeo publicado ayer revela que el 49% de los franceses apoya las pruebas de ADN, informa Efe, frente a un 43% que las ve «contrarias a los valores de la sociedad francesa».

Pero habrá más test. Los candidatos a la reagrupación familiar deberán pasar un examen de conocimientos de la lengua francesa y de «los valores de la República». Si suspenden, deberán hacer un curso de hasta dos meses, antes de poder ir a Francia.

Otra de las medidas estipula que el inmigrante, para traer a su familia, deberá tener ingresos laborales al menos iguales al salario mínimo.

La ley abre la mano previendo un permiso de residencia anual, «excepcional» y caso por caso, de trabajadores inmigrantes en sectores o regiones con escasez de mano de obra y estableciendo que si se tiene estatuto de residente desde hace 10 años se obtendrá un permiso de residencia de duración ilimitada, en lugar de los diez años actuales.