Un informe jurídico municipal atribuye al Gobierno regional la «conservación y el mantenimiento» de las cañadas. Le da la potestad para tirar las casas nuevas y, de no hacerlo, al Consistorio «no le queda sino aplicar la ley» En cuanto al carácter demanial – de dominio público – del suelo, el mismo corresponde a la Comunidad de Madrid y esa Administración es la titular de la potestad de conservación y mantenimiento de las vías pecuarias». Así lo anticipaba el Ayuntamiento de Madrid en un informe jurídico redactado por el Departamento de Disciplina Urbanística y elaborado el 16 de marzo de este año.

Y es que, en el la Casa de la Villa no les llega la camisa al cuello, después de desayunarse ayer con las palabras de la Comunidad en las que se quitaba de en medio del polvorín de Cañada Real Galiana, tal y como público este periódico. En resumen, que no tenían competencias en esta materia y que es competencia de los ayuntamientos la inspección urbanística.

Ayer mismo el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, reiteraba esta idea y precisaba que lo que se ha producido es «un problema de orden» público. Por la tarde, Aguirre lo expresó mejor: «No tengo una varita mágica» para solucionar el problema.

En documento al que M2 ha tenido acceso, se precisa que «o bien es la Comunidad de Madrid quien procede a la demolición inmediata de cualquier nueva construcción que se levante en el ámbito de la Cañada o bien al Ayuntamiento no lo queda sino aplicar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística previsto en el artículo 193» de la Ley del Suelo de la Comunidad.

Es decir, que poco más o menos viene a decir que la Casa de la Villa se ve obligada a actuar debido a que el Gobierno regional no cumple con sus obligaciones. El documento lleva el título: Cañadas Reales. Coordinación con la Comunidad de Madrid para evitar la proliferación de construcciones ilegales sobre vías pecuarias. Premonitorio, cuando menos, en vista de lo que ha ocurrido.

En el texto se aclara que el Ayuntamiento se limita a la demolición de las chabolas y al adecuado tratamiento de los terrenos para evitar la proliferación de obra nueva. De hecho, dice que «demuele de forma inmediata» cualquier chabola en proceso de construcción y no es necesaria orden judicial y cita de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, que estaría respaldado por razones de «seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública». «Sin embargo el proceso de actuación descrito no es aplicable a las construcciones ilegales de las cañadas reales».

Los motivos que aducen son: «Las construcciones que ocupan las cañadas no son propiamente chabolas o infravivienda»; «se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo […], acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas».

Erradicación de chabolistas

En el informe, también se dice que «tampoco concurren los supuestos previstos por la jurisprudencia para la erradicación de núcleos chabolistas». A saber, no hay programa de realojo en cañada «ni se dan con carácter general las circunstancias de exclusión social que lo hagan recomendable y no ocupan suelo pendiente de desarrollo urbanístico en el proceso de ejecución del planeamiento».

Finalmente, recurre al artículo 50 de la Ley 8/1998 de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid para apuntalar sus argumentaciones. En el punto 1 se dice que «el ejercicio de las funciones de Policía, vigilancia e inspección del cumplimiento de las disposición en materia de vías pecuarias corresponde a la Consejería competente – Economía – […], sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de las distintas administraciones públicas».

En el 2, confiere a los agentes forestales y ambientales de la Comunidad de Madrid, junto con los cuerpos de Policía Local, «velar por la custodia y conservación de las vías pecuarias». Recuerda que el artículo 46 prevé que la Comunidad pueda suscribir los oportunos convenios de colaboración con los ayuntamientos para «establecer y coordinar la participación de sus cuerpos de Policía Local, vigilancia e inspección de las vías pecuarias».

LA EDIL PIDE A ABDUL QUE TIRE LA CASA Y DE EJEMPLO

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, se reunió ayer por la mañana con representantes de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) y la parroquia de Santo Domingo de la Calzada para tratar el asunto de la Cañada Real Galiana. También asistieron la Federación de Vecinos y Abdul, el dueño de la casa derribada el pasado jueves. Según informaron fuentes de los presentes, la concejala llegó a pedirle que derribara su casa y diera ejemplo cumpliendo la legalidad.

Martínez volvió a pedir a la Comunidad que convoque «urgentemente» una reunión en la que participen los cinco municipios afectados (Madrid, Coslada, San Fernando de Henares, Rivas y Getafe) y la Delegación del Gobierno para encontrar una solución al problema de la Cañada Real Galiana. El consejero de Presidencia e Interior dijo ayer que la Comunidad no tendría ningún problema en participar.