España y Marruecos siguen sin abrir una investigación oficial sobre las muertes ocurridas entre septiembre y octubre de 2005 en las vallas de Ceuta y Melilla. Medio centenar de personas se concentraron ayer en Castillejos, en el lado marroquí de la valla de Ceuta, para denunciar ese silencio y pasividad de las autoridades de los dos países, rendir homenaje a los al menos catorce emigrantes fallecidos en las verjas y exigir un cambio de rumbo en la política migratoria acordada entre África y Europa.

Contra la Ley de Extranjería

Con gritos de «la Ley de Extranjería es una porquería» y «ningún ser humano es ilegal», los activistas de diferentes organizaciones de derechos humanos llegaron hasta el llamado Arroyo de las Bombas, mientras dos agentes de paisano grababan con cámaras de vídeo desde el lado ceutí.

Ese fue el escenario, en la madrugada del 29 de septiembre de 2005, en el que se produjo el mayor de aquellos asaltos de subsaharianos a territorio español. Aquella noche más de doscientos emigrantes lograron superar la verja y entrar en Ceuta mientras las Fuerzas de Seguridad de ambos lados trataban de evitarlo.

Casi veinticinco meses después, nadie se ha responsabilizado de la muerte de cinco de los participantes en la avalancha. Los cuerpos de algunos, que quedaron colgando de la alambrada a tres metros de altura, presentaban heridas de bala.

Punto de inflexión

Aquella crisis de las vallas fue el punto de inflexión que marcó la nueva política migratoria europea, que trajo como principal consecuencia una mayor seguridad en las fronteras y un desplazamiento más al sur del punto de partida de los emigrantes africanos.

Pro Derechos Humanos de Andalucía recordó además en un comunicado cómo el reinó alauí «maltrató, deportó y dejó a su suerte en el desierto» a muchos de los emigrantes detenidos en aquellas semanas a lo largo y ancho del país.

Desde entonces Marruecos, que antes era la principal vía de paso al Viejo Continente, es un auténtico tapón para miles de africanos que «no pueden ir ni para adelante ni para atrás de regreso a sus países». Así lo dice ante la alambrada Emmanuel Mbolela, presidente de la asociación que agrupa a los refugiados congoleños en el país magrebí, y que pide «una investigación internacional imparcial y justa, que se indemnice a las familias y castigue a los culpables» de aquellas muertes.