Familias enteras de marroquíes protagonizaron ayer una marcha a pie de 10 kilómetros por la autovía de Valencia, para pedir una solución pacifica a sus viviendas ilegales de Cañada Real, tras la batalla campal vivida el jueves por el derribo de una casa que terminó con más de 20 heridos y 9 detenidos. Los manifestantes, más de doscientos, tardaron unas tres horas en llegar hasta la madrileña Junta Municipal de Vicálvaro, donde solicitaron la legalización de sus casas y afirmaron su miedo a que pueda haber muertos si la policía vuelve a este poblado a ejecutar una nueva orden de desalojo, aunque nadie en la zona sabe a ciencia cierta si habrá mas.
El propietario de la casa derribada, Abdul, un obrero de la construcción, de 30 años, y originario de Tánger, reafirmó la posibilidad de que pueda haber más incidentes:«Si vienen otra vez va a haber muertos».

Abdul salió en libertad ayer por la mañana temprano tras ser detenido junto a otros ocho compatriotas, tras la batalla campal que se organizó entre los agentes policiales y los vecinos, para evitar el derribo de su vivienda. Dice que la levantó sobre un terreno comprado a unos gitanos y, incluida la construcción, asegura, le ha costado 45.000 euros. Su vecina Mari Luz Flores es más contundente y asegura que la policía «va a tener que matar a mucha gente» si vuelven, «porque no nos vamos a quedar en la calle».

Algunas mujeres colgaron carteles en sus viviendas para rechazar «el desalojo racista», y protestaron porque los medios han confundido los sectores de la Cañada y en el suyo, dijeron, no hay drogas ni tampoco chabolas. Las casas son todas de construcción, de dos y tres alturas, con patios interiores, y algunas bastante amplias y con jardín.

La Coordinadora de las asociaciones de vecinos de este zona les da la razón y «desmiente» que la Cañada sea un lugar de delincuentes, vendedores de drogas e infraviviendas.

Demoliciones aplazadas

Sí reconocen que existe un problema localizado en el área cercana de Valdemíngomez, donde «efectivamente» se ha instalado un supermercado de drogas», pero este problema, añaden, se extiende a lo largo de un kilómetro, y la Cañada son 15 kilómetros, que transcurren prácticamente pegados a la autovía de Valencia, desde lo limites de Getafe hasta Vallecas, y donde se alojan unas 40.000 personas.

Una parte de ellos, de origen rumano, vive en una zona conocida por «El Gallinero», y esta mañana se habían concentrado unos 200 para evitar otra intervención de desalojo y demolición de 7 casas, que finalmente fue aplazada por orden judicial.

La jueza encargada del caso prolonga así la suspensión provisional determinada por un 3 días y que había sido promovida por los afectados. «Ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso», explica la letrada, Eva Navarrete, que apuntó, se esperan la próxima semana tras lo cual los denunciantes dispondrán de 20 días para formalizar su petición.