Tras la batalla campal del pasado jueves, ayer cerca de 200 vecinos de la Cañada Real, la mayoría marroquíes, marcharon pacíficamente durante 10 kilómetros hasta la Junta Municipal de Vicálvaro. Buscaban una entrevista con la presidenta para pedir la legalización de sus casas. Nadie les recibió. Esta vez no hubo incidentes Tras la batalla campal del pasado jueves entre vecinos y marroquíes, en Cañada Real ayer llegaron la paz y las primeras movilizaciones. Cerca de 200 inmigrantes magrebíes decidieron no quedarse de brazos cruzados después de que el día anterior la piqueta derribase la chabola de un compatriota. Y de forma espontánea se lanzaron a la carretera al grito de «¡Legalización!». «Queremos que no nos echen de nuestras casas», chillaban mientras daban sus primeros pasos. Caminaron durante 10 kilómetros entre los coches por la carretera de Valencia hasta la Junta Municipal de Vicálvaro. Su objetivo: conseguir hablar con alguien «importante» de la administración en busca de fórmulas legales para que sus viviendas no peligren más.

Familias enteras, con bebés en carritos, emprendieron esta caminata reivindicativa por el arcén de la A – 3 entre Valdemingómez y Santa Eugenia. Eran las 10.40 de la mañana. Dada la peligrosidad de la ruta, la carretera tenía una gran cantidad de tráfico y los coches circulaban a gran velocidad, hubo momentos de tensión con los agentes que les escoltaban. Les protegieron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Municipal y los agentes de la UIP. «Lo que nos faltaba es que ahora les atropellase un coche», decía una agente a un compañero.

Durante la marcha algunos soñaban y otros lloraban. Alí, de 40 años, susurraba a su mujer mirando a los pisos de un bloque: «Como me gustaría vivir en un barrio como esos». Mientras tanto, una mujer magrebí lamentaba su mala suerte. «Es una vergüenza lo que nos pasa, nos van a dejar sin casas y qué vamos a hacer», decía la mujer mientras una lágrima asomaba por su mejilla.

Pocos tenían claro cómo se gestó la protesta. «Ha sido algo improvisado y lo seguiremos haciendo para que nos respeten las casas», decía Mónica, una joven española con dos menores marroquíes cogidos de la mano.

La caravana estaba encabezada por los líderes del poblado y algunos jóvenes. Las mujeres, muchas de ellas tapadas con el hiyab (velo), iban con los niños pequeños o incluso empujando el carrito del bebé, cerrando la marcha. «Vamos a la Junta a pedir explicaciones. Nos están tirando las casas y queremos una solución», afirmaba Mohamed, marroquí de 40 años y uno de los líderes de la marcha.

Dos furgones delante y dos detrás vigilaban que todo transcurriera con la máxima normalidad, mientras una docena de agentes se esparcía por la larga fila vigilando que no hubiera ningún incidente. Después de la jornada violenta del jueves, donde hubo más de 30 heridos en los choques entre inmigrantes y policías, el ambiente de ayer fue muy pacífico. Un ambiente de paz. Incluso un joven marroquí que cogió un palo del campo fue reprendido por sus amigos. «Tíralo, tíralo», le gritaban.

Como el pasado jueves, también había muchos niños. Mildu, marroquí de Tetuán de 50 años, acompañado de su hijo Mohammed, de cinco, explicaba que el derribo decretado de las viviendas era «injusto». «Yo compré los terrenos hace cinco años por tres millones de pesetas. Vivo ahí con mis cinco hijos y mi mujer y trabajo honradamente en la construcción. Son nuestras casas y ahora han adjudicado los terrenos a una empresa», aseguraba, mientras vigilaba que su pequeño no saliera a la calzada de la autovía.

Hubo un momento en que la marcha pareció romperse. Los manifestantes fueron desviados hacia Santa Eugenia por uno de los puentes de la A – 3. Algunos pedían a los demás que no siguiesen. «Nos dicen que nos marchemos, ya al menos hemos sido escuchados por los medios», gritaba uno de ellos, pero la mayoría no hizo caso y reemprendió el camino.

Sin respuesta

Una vez en la Junta de Distrito, situada en una ancha plaza de Vicálvaro, donde por «precaución», los comercios habían cerrado, algunos representantes vecinales entraron a la Junta, escoltada por más de veinte agentes municipales y nacionales. Tras más de una hora, salieron asegurando que no habían sido recibidos por la concejala. «Ahora tenemos más miedo y más ganas de lucha», anunciaba el joven marroquí Sofian, después de no ser atendido por la concejal, que, según él, «estaba ocupada mandando más máquinas a la Cañada». Sofian subrayó que los funcionarios de la Junta Municipal de Vicálvaro les han indicado que debían rellenar una instancia y esperar veinte días, el tiempo que, según este joven, las máquinas tardarían en derribar las casas, algo que «no vamos a dejar que pase», advirtió.

También algunos manifestantes expresaron su miedo a que pueda haber muertos si la Policía vuelve a este poblado a ejecutar una nueva orden de desalojo. Algunos agentes de la UIP estaban perplejos con los comentarios de los marroquíes y aguantaron gritos e insultos. Pasadas las 14.00 horas los manifestantes regresaron a casa, pero esta vez en autobús.