El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Almería, José Luis Aguilar, presentó ayer una moción para que el pleno solicite el indulto de los empresarios de El Ejido Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por secuestrar y apalear a tres inmigrantes. El PP almeriense se suma así a una campaña promovida por los familiares de los empresarios a favor del perdón. La moción presentada por José Luis Aguilar, secretario general del PP en la provincia de Almería, justifica la petición con el argumento de que la Alcaldía recoge “el sentimiento mayoritario de los ciudadanos”.

Unas 50.000 personas, la mayoría de El Ejido, han firmado un escrito solicitando el indulto para Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández.

Aguilar propone a la Corporación que apoye el indulto de la pena total de 15 años de prisión y dos meses de multa a que han sido condenados cada uno de ellos por dos delitos de lesiones, una falta de lesiones y tres delitos de detención ilegal, según una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería. Este fallo fue confirmado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación en un auto de fecha 5 de marzo de 2004. La moción del PP incluye elevar la notificación del acuerdo al Ministerio de Justicia.

La presentación del escrito por parte del PP no estuvo exenta de bronca en la comisión informativa de ayer. La moción volverá a ser debatida en la junta de portavoces que se celebra la víspera de cada pleno. El viceportavoz socialista, Juan Carlos Pérez Navas, justificó el voto a favor del PSOE: “En la comisión de Alcaldía no entramos a valorar el fondo del asunto, simplemente se ha votado el llevarlo a pleno”.

El representante de IU Diego Cervantes exigió contar con una copia de la sentencia “para fundamentar” su voto. “Si la sentencia la consideramos fundada no sé por qué el Ayuntamiento debe intervenir en un proceso judicial”, dijo Cervantes.

En el fallo del Supremo ratificando la condena a Palenzuela y Fernández a 15 años, el tribunal emitió un alegato a favor del Estado de Derecho frente a la “prepotencia” y los “abusos” que se comenten aprovechando la vulnerable situación de los inmigrantes sin documentación.

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 1997, cuando los dos condenados, “en unión de una tercera persona no identificada”, cogieron al marroquí Hicham B. y le metieron en su vehículo por la fuerza. Al rato hicieron lo mismo con Garami B., de nacionalidad argelina. A ambos los consideraban autores de un robo junto a un tercer inmigrante, que también fue agredido.

Hicham B. fue golpeado con un palo de madera y un bate de béisbol. Le causaron “importantes lesiones”, según recoge la sentencia, además de fracturas de huesos que tardaron dos meses en curar.

Al día siguiente los condenados volvieron a buscar al argelino Garami y le secuestraron para darle otra paliza. Le rompieron una pierna y la cara y le saltaron varios dientes.

Palenzuela fue detenido al día siguiente a bordo de su furgoneta, donde la Guardia Civil halló el bate y el palo manchados de sangre.

En su sentencia, el Tribunal Supremo relata los “continuos obstáculos” que la Administración de Justicia se encontró para depurar los hechos, hasta el punto de que un tercer implicado en las agresiones salió indemne y nunca fue localizado. Hubo cuatro intentos de celebración del juicio y llegado el día (un año y tres meses después del primer señalamiento), dos de los tres inmigrantes no asistieron.

“El Estado de Derecho no puede permitir inactivo que la prepotencia, el abuso de la situación social de las víctimas o cualquier otra circunstancia espúrea pueda paralizar la necesaria acción de la Justicia”, dice el alto tribunal en su sentencia.