La Confederación Española de Policía acusa a los marroquíes de manipular la intervención El mundo anda lo suficientemente revuelto como para mezclar cuestiones legales con asuntos religiosos. Tan es así, que incluso, el principal sindicato de Policía de España, la Confederación Española de Policía (CEP), acusó ayer a la comunidad marroquí que habita de manera ilegal en la Cañada Real Galiana de haber querido convertir «la acción de la Administración pública española en un asunto de índole religioso».

Por este motivo, la CEP subrayó su apoyo a la intervención policial en todo el desarrollo del desalojo que se realizó ayer. Es decir, que apoya sin fisura las cargas policiales como «proporcionadas y perfectamente» ajustadas a derecho así como al buen hacer de las Unidades de Intervención Policial.

«Acusamos de deslealtad con la administración pública a cualquier organización gubernamental o no gubernamental que critique la acción de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía», consideró este sindicato policial.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), manifestó su repulsa ante la actuación de la Policía, y denunció el uso «de la fuerza para expulsar a mujeres, niños y familias enteras de sus hogares». Asimismo, ATIME responsabilizó al Ayuntamiento de Madrid de la situación actual de las familias que se encuentran a la intemperie, tras efectuarse el desalojo sin haber previsto soluciones alternativas a decenas de familias, según informa Europa Press..

Por ello, hace un llamamiento a todas las instituciones para que se impliquen en encontrar una solución a las familias que se encuentran en la actualidad fuera de sus hogares.

Para ellos, este tipo de medidas, «no favorecen en nada a la gran tarea de integración de los inmigrantes que concierne a todos, empezando por las administraciones públicas». El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, culpó a Alberto Ruiz – Gallardón y a su equipo de Gobierno de lo ocurrido ayer. El motivo: ha dejado que ese problema «se pudra» al no haber trabajado en su solución.

Por su parte, el líder municipal de IU, Angel Pérez, dijo estar conforme con que se cumpla la Ley, pero pidió al Ejecutivo local que «cumpla también los acuerdos políticos» alcanzados en el Pleno.

Finalmente, uno de los párrocos de la Iglesia de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, afirmó que lo ocurrido por la mañana se debe a las «políticas de imagen» de las administraciones, quienes no emprenden medidas reales de integración y vivienda para las clases más desfavorecidas.

«Las imágenes que hemos visto son aterradoras, con un nivel de violencia flipante… Entre estas imágenes, y las persecuciones que se ven por televisión en las favelas de Río, no hay mucha diferencia», lamentó. En su opinión se trata de soluciones precarias que llevan a más exclusión.