Las concentraciones contra las viviendas sobreocupadas serán el próximo lunes en el barrio de La Salut y el sábado 27 en Llefià Tras meses en que los efectos de los pisos patera habían remitido en Badalona, unos datos del Consistorio en que se reducía a cinco las viviendas «conflictivas» donde malviven inmigrantes han avivado el debate. Ante una situación de la que dicen estar «quemados», vecinos del barrio de La Salut han obtenido el permiso de la policía para convocar una manifestación el próximo lunes contra los pisos sobreocupados.

Esa concentración precederá a otra que se celebrará en el cercano barrio de Llefià el 27 de octubre. «La situación es incontenible», describe Julia Sánchez, una vecina de La Salut que se presentó por las listas del PP en las municipales y que encabezó las manifestaciones celebradas en febrero pasado. «Hay muchas quejas porque los rumanos no limpian, no hacen caso y, mientras, las denuncias no prosperan», relata indignada para afirmar que cuenta con «vídeos y fotografías» de las 26 infraviviendas que dice haber hallado en las calles más concurridas del barrio.

Las declaraciones de miembros del Ayuntamiento distinguiendo entre pisos sobreocupados y viviendas conflictivas han indignado a la oposición, integrada por PP e ICV, que mantienen posiciones divergentes: los populares exigen endurecer los requisitos para empadronarse y formar un cuerpo policial para controlar la inmigración, mientras ICV reclama que se cree una mesa para atajar el fenómeno y fundar una oficina de convivencia.

«Todos los pisos sobreocupados son, por fuerza, conflictivos», argumenta el dirigente del PP, Xavier García Albiol: «Se han creado guetos y hay que poner instrumentos de control para combatir a las mafias que se han enterado de que los sistemas de control en Badalona son nulos».

Por su parte, el líder de los ecosocialistas, Carles Sagués, censura lo que define como «triunfalismo» del Ayuntamiento: «¿Cuándo un piso es conflictivo? Donde viven 15 personas hay un problema de pobreza y hay que intervenir sin esperar a que haya quejas de los vecinos». Asimismo, critica la insistencia de los populares en reabrir la discusión sobre los pisos patera: «Al PP le ha faltado tiempo para saltar al cuello y buscar el enfrentamiento para evitar cualquier consenso».

Coincidiendo con la reaparición de la polémica, la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, se reunió el martes con vecinos de La Salut. «Vamos a controlar los casos en que la degradación produce problemas de convivencia», advirtió Trilla durante el encuentro. El Plan Nacional de la Vivenda prevé la expropiación de los inmuebles en que se detecte el hacinamiento y una sanción de hasta 900.000 euros al propietario o a quien realquile el domicilio.

El Govern prevé inspeccionar los pisos problemáticos y desalojará a los inquilinos en caso de que los habiten en pésimas condiciones de salubridad, no demuestren ningún parentesco, generen conflictos o no dispongan de contratos de alquiler legales. Además, Trilla abogó porque los municipios «hagan un política activa» para crear parque de vivienda pública donde se reserve alojamiento provisional a los extranjeros hasta que consigan un contrato de arrendamiento.