Miembros de la familia gitana de O Vao que tenía apalabrada la compra de una casa en la aldea de Vilarchán, en Ponte Caldelas, se desplazaron ayer, a última hora de la tarde, al Ayuntamiento de Poio. Allí tuvo lugar una reunión con políticos para abordar los realojos ante el inminente derribo de las chabolas ilegales del poblado que dará cumplimiento a una sentencia judicial. Un plazo que concluye, como muy tarde, el 31 de octubre.

Antes del encuentro, Carlos Jiménez accedió a dar su opinión sobre la decisión de la comunidad de aguas de Vilarchán de hipotecarse en 250.000 euros para adquirir la misma vivienda con el objetivo de evitar que acabe en sus manos. «Me siento fatal, fatal, porque teníamos la ilusión de comprar esa casa para marcharnos de O Vao. Aproveché la oportunidad de vender mi casa y con lo que me dio la Xunta e hipotecando lo que me faltaba era posible marcharse de O Vao», subrayó Jiménez.

Pese al rotundo rechazo vecinal registrado en Vilarchán, esta familia no renuncia todavía a la vivienda apalabrada. Al menos eso dijo ayer el padre: «De momento todavía seguimos con esa idea, están trabajando los abogados y la inmobiliaria». Un joven de la misma familia no quiso hacer comentarios.

Carlos Jiménez sí se mostró muy decepcionado e indignado con la reacción de los habitantes de la aldea de Ponte Caldelas. Las palabras más duras llegaron, sin embargo, de otros gitanos concentrados en las inmediaciones del monasterio y el consistorio de Poio.

«Somos personas, nosotros marchamos, pero adónde. Los payos de O Vao nunca nos han tratado como a vecinos», gritaba un varón que estaba de luto, y que pedía no ser retratado por cámaras de televisión y fotógrafos.

La única mujer gitana que acompañó ayer a los chabolistas de O Vao comentó que la familia que pretende instalarse en Ponte Caldelas para empezar una nueva vida vive de la chatarra, la venta ambulante y las pensiones: «Lo de la droga es por racismo; de lo bueno no se dice nada, solo lo malo».

Los afectados por los derribos estuvieron acompañados por su abogado, que indicó que el episodio de Vilarchán demuestra que los realojos no son posibles porque nadie quiere a los gitanos. También se refirió a las posibilidades de mantener la opción de compra e incidió en que los terrenos donde se levantaron las chabolas ilegales son propiedad de las familias.