LLUÍS URÍA – París. Corresponsal

Las condiciones para practicar pruebas genéticas hacen que la medida resulte casi inservible
El Consejo Constitucional francés tendrá la última palabra sobre la controvertida iniciativa de hacer un test de ADN a los inmigrantes extranjeros aspirantes a un permiso de residencia por reagrupamiento familiar. La medida, incluida en el proyecto de la nueva ley de Inmigración, será impugnada por la oposición de izquierda, después de que la comisión mixta Asamblea Nacional-Senado le diera ayer luz verde. La aprobación se producirá el próximo día 23, una vez ambas cámaras se han puesto de acuerdo sobre el texto definitivo.

Para vencer la resistencia de una parte importante de los senadores del partido gubernamental y de sus posibles aliados – la UMP no tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta-, el ministro de la Inmigración y la Identidad Nacional, Brice Hortefeux, consintió en suavizar considerablemente la medida, incluida en el proyecto de ley a partir de una enmienda del diputado conservador Thierry Mariani. La versión desleída del Senado es la que ha acabado imponiéndose.

Las condiciones bajo las que finalmente se podrán hacer pruebas genéticas a los inmigrantes – y además a título de prueba, durante 18 meses- son tan draconianas que finalmente la medida no servirá para nada. Los tests de ADN sólo podrán practicarse en el caso de inmigrantes en cuyo país no exista documentación del registro civil o ésta no sea fiable, y siempre que lo pida voluntariamente el interesado y lo autorice un juez. Los gastos serán siempre a cargo del Estado francés y – para evitar desagradables sorpresas- sólo se harán tests en caso de que lo pida la madre. Habida cuenta de que la mayor parte de las peticiones de reagrupamiento familiar son de hombres y de que los principales países que aportan este tipo de inmigración – Argelia, Marruecos y Túnez- están excluidos, la medida tiene una utilidad más que incierta.

Pero el debate se ha establecido en el terreno de los principios. La izquierda alega que la ley vulnera los principios de la República e introduce una discriminación intolerable. El Gobierno la ha mantenido a toda costa por no dar marcha atrás y contentar al sector más conservador de su electorado.