El polémico test de ADN para los extranjeros que soliciten la reagrupación familiar en Francia será finalmente incluido en la nueva ley de inmigración. Sin embargo, tras el encendido debate político desencadenado por la medida, que ha abierto una brecha en el Gobierno, la comisión mixta de las dos cámaras parlamentarias alcanzó ayer un acuerdo para sacar adelante la versión más edulcorada de la propuesta. Lo que sí ha sido retirado del texto es la enmienda para rechazar a los inmigrantes sin papeles en los centros de acogida para indigentes.
La norma que ha puesto en un brete la política de apertura de Nicolas Sarkozy – – altos cargos procedentes de la izquierda la han calificado incluso de “repugnante” – – verá la luz tan rebajada que, en la práctica, casi no se aplicará. De entrada, se pondrá en marcha de forma experimental durante 18 meses. El test será siempre de carácter voluntario y precisará de la autorización de un juez.

SOLO PARA MUJERES
La prueba, que pagará íntegramente el Estado, solo afectará a las mujeres para evitar que los hombres tengan que enfrentarse a sorpresas desagradables. Esta condición es la que más disminuye la ley, porque generalmente son los hombres los que emigran y posteriormente piden la reagrupación familiar. Además, se aplicará a los extranjeros procedentes de países donde el registro civil es poco fiable. El ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, ha excluido a Marruecos, Argelia y Túnez, tres de los países que más inmigrantes han proporcionado a Francia.
Pero lo que más preocupa a la oposición, que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional, es la simbología de la medida. Justamente lo que Hortefeux ha querido preservar para no ofrecer al electorado de ultraderecha – – parte del cual votó a Sarkozy – – la imagen de que el Gobierno da marcha atrás.