AITOR ALONSO a.alonso@diario-elcorreo.com
La atención a los menores de edad en situación de desamparo en Euskadi se enfrenta a nuevos retos acordes con las transformaciones sociales. Las diputaciones vascas asumen ya la tutela de un millar de jóvenes menores de 18 años, un número «estable» en el que crece de forma exponencial, sin embargo, el porcentaje de adolescentes extranjeros ‘sin papeles’. El consejero del área, Javier Madrazo, desveló ayer que un tercio de los jóvenes sin familia atendidos por las instituciones es inmigrante. Su departamento y la UPV sellaron ayer un convenio para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en este campo.

Las tres diputaciones vascas disponen de una red de alojamientos residenciales para dar cobijo a los menores en situación de desamparo. Es decir, aquellos que no pueden ser atendidos por sus familias bien por enfermedad, por estar presos ambos progenitores, por fallecimiento o bien porque la Justicia ha decidido retirarles la custodia, como ocurre en los casos de malos tratos. En 2006, el número exacto de menores atendidos fue de 1.102 en el conjunto de la comunidad. De ellos, 581 en Vizcaya donde existen 37 centros de acogida, 235 en Guipúzcoa 8 centros y 286 en Álava, donde existen 9 instalaciones.

Hasta hace pocos años, la mayoría de los menores presentaba cuadros de desarraigo familiar motivados, en muchos casos, por la «drogadicción de los padres tras el ‘boom’ de la heroína en los años 80», explica la directora de Bienestar Social del Ejecutivo vasco, Carmen Vicioso. En la actualidad, el fenómeno se centra en los menores inmigrantes no acompañados, habitualmente ‘sin papeles’, que eran casos «inapreciables hasta 2002» pero cuyo número se duplica cada año. Ya son un tercio del total de menores atendidos 382 de los 1.102, según los datos de 2006, aunque en Vizcaya el porcentaje se eleva hasta casi la mitad, 262 de los 581 niños y adolescentes cuya tutela recae en la Administración pública.

«Estamos ante un fenómeno cambiante», admitió ayer el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, que firmó junto al rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, un acuerdo de colaboración para mejorar la formación continua de los agentes que trabajan en este ámbito. El convenio, al que la Administración vasca aportará 30.000 euros anuales, servirá para aprovechar «la capacidad académica e investigadora» de la Universidad pública y su «vocación de servicio» a la sociedad vasca, enfatizó el rector.

Curso en San Sebastián

La intención de las dinámicas de formación planteadas por la UPV a través del Instituto Vasco de Criminología será «resolver el déficit» actual, que se atribuye, más que a la preparación de los agentes sociales, a la realidad «altamente cambiante» a la que se enfrentan. Los cursos y seminarios se orientarán a trabajadores sociales, médicos y psicólogos, entre otras áreas, con el objetivo de mejorar en el diagnóstico de los menores y avanzar en la «detección precoz» de las situaciones de desamparo. El convenio también contempla la redacción de diferentes informes sobre el fenómeno y la evaluación del actual sistema de atención.

El consejero Madrazo anunció, en este sentido, un próximo decreto para «homogeneizar» en los tres territorios vascos las condiciones de atención a los menores. La primera actividad fruto del convenio sellado ayer será una semana sobre la «intervención psicosocial con la infancia y adolescencia en riesgo», que se llevará a cabo en noviembre en San Sebastián.