ANXO LUGILDE – Pontevedra

El plan de los vecinos es comprar la casa, pagando cada uno 16 euros al mes, y volver a ponerla en venta
Hipotecarse para no tener unos vecinos de etnia gitana. Esta es la decisión que adoptaron el domingo en asamblea un centenar de habitantes de la aldea gallega de Vilarchán, del municipio de Ponte Caldelas (Pontevedra). Tras tres animadas sesiones de deliberación, de mañana, tarde y noche, los vecinos acordaron aportar colectivamente 250.000 euros, a través de la comunidad de aguas de la parroquia, al objeto de adquirir una casa que ya había apalabrado una familia gitana de un municipio cercano, que tiene que mudarse de inmediato porque su chabola va a ser derribada este mes por orden judicial.

El plan de los vecinos, que según los primeros cálculos tendrían que pagar 16 euros al mes durante 35 años, es impedir la venta para después volver a sacar la vivienda al mercado, informó Diario de Pontevedra.Vilarchán está a 10 kilómetros de Pontevedra capital, lo que la ha convertido en un punto de atracción de segundas residencias. La Fundación Secretariado Gitano ha denunciado estos hechos al considerar que se trata de un caso de “racismo, gravemente discriminatorio”, en palabras del portavoz en Galicia, Santiago González. En cambio, el alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, del Partido Popular, apoya a los vecinos y opina que no se les debe 6 acusar de “racismo”, pues lo que hacen es intentar que no se traslade al pueblo “la problemática de las drogas”. En la misma línea, Eugenio Montes, uno de los que van a hipotecarse para comprar la casa, manifestó ayer a la Radio Galega: “De ninguna manera se nos puede llamar racistas”. Adujo que el problema no reside en que sea una familia gitana, sino en que procede del asentamiento de O Vao, conocido punto de distribución de drogas.

En cambio, los afectados, un matrimonio con hijos, no tienen dudas de que se trata de un brote racista que muestra la imposibilidad práctica de su integración en la sociedad, pese a las consignas y mensajes oficiales. Hasta ahora esta familia vivía en O Vao, un conocido campamento muy próximo a la ciudad de Pontevedra, pero perteneciente al Ayuntamiento de Poio.

La suya es una de las nueve chabolas que van a ser derribadas por orden judicial. En los últimos meses, el alcalde de Poio había denunciado en la prensa local las dificultades que hallaba para reubicar a los que van a ser desalojados.