POR ÉRIKA MONTAÑÉS

FOTO MIGUEL MUÑIZ

PONTEVEDRA. «¡Que levante la mano quien quiera asumir el riesgo de que una problemática como el trapicheo de drogas o el robo se traslade a la puerta de al lado!». Preguntado por si comparte la decisión de 110 familias de su pueblo de comprar colectivamente una vivienda para evitar que la ocupe una familia de etnia gitana, Perfecto Rodríguez, alcalde de Ponte Caldelas, en Pontevedra, contesta a ABC, como buen gallego, con otra interpelación. La misma decisión le «chirría», en cambio, al subdelegado del Gobierno en la provincia, Delfín Fernández.

Son dos versiones contrarias de un mismo hecho: en el lugar de Vilarchán, perteneciente a la parroquia pontevedresa de Tourón, nadie quiere que el poblado chabolista de O Vao se mude a esta tranquila aldea. Les separan apenas diez kilómetros del conflictivo asentamiento de gitanos, pero los vecinos han visto un día sí y otro también cómo sus residentes protagonizan escenas y altercados, pese a la presencia policial, que no quieren vean sus hijos.

El problema no es su raza

Por eso, el pasado fin de semana decidieron coger el toro por los cuernos y ante la noticia de que el propietario de una vivienda – herencia adquirida por un descendiente del municipio – había cerrado el trato con un clan gitano para que habite el inmueble, convocaron tres asambleas en las que se pusieron sobre la mesa condiciones ventajosas para que el dueño del inmueble revoque el acuerdo.

En primer lugar, los 110 vecinos formalizarán a través de la comunidad de aguas una hipoteca para la compra – venta del inmueble, que les supondrá sufragar los casi 250.000 euros que tiene la vivienda como precio de salida, además del 10 por ciento del IVA, y 4.000 euros, los 2.000 que ya había adelantado la familia gitana y otros 2.000, para indemnizarla por incumplir el pacto. Todo ello – euríbor aparte – les supondrá un gasto mensual de unos 16 euros durante los próximos 35 años.

Y todo, ¿para qué? El regidor de Ponte Caldelas tiene claro que este caso se presta a demagogia, y que se puede tachar a Vilarchán de «racista». Pero nada más lejos de la realidad. «Yo entiendo a los vecinos, lo hacen para proteger su seguridad. Porque nadie quiere un poblado tan problemático como O Vao en su casa. Como alcalde, no puedo impedir que se opte por una solución perfectamente legal como adquirir la vivienda a través de un acuerdo con su dueño». Rodríguez detalla a este periódico que los lugareños le habían expresado con anterioridad su inquietud por una sentencia judicial que ordena el derribo de nueve chabolas ilegales en el poblado antes del día 31 de este mes, por lo que sus inquilinos están realojándose en lugares cercanos.

Se sospecha, aunque ningún vecino del lugar de Vilarchán tiene la certeza, de que una de esas nueve familias es la que quiere ocupar la vivienda de la polémica, situada junto al llamado campo de la fiesta de la aldea y enclavada en una finca de 400 metros. «El problema radica en la procedencia de esa familia en cuestión – señala un vecino muy enfadado – . No estamos en contra de la raza gitana, pero ya se sabe que en esas familias suele venir uno, y luego otro y otro».

La finalidad de la compra no es ni siquiera que la comunidad de aguas se quede con el edificio, pues ya ha mostrado la intención de venderlo en cuanto sea factible. El propietario sí ha emplazado a los vecinos a que formalicen el contrato en treinta días o consigan otro comprador en ese lapso, así que en una nueva asamblea tomarán la decisión expeditiva el próximo fin de semana.

Mientras, el director de la Fundación Secretariado Gitano en Galicia, Santiago González, tachó de «clara discriminación» la actitud vecinal, que «prejuzgan sobre la honradez de personas que ni siquiera conocen». «Aún se está a tiempo de reconducir el conflicto», exhortó.