El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro, mostró su preocupación por la sobrecarga de trabajo y las inadecuadas infraestructuras que tiene la Justicia en la provincia durante el discurso de apertura del año judicial.

De nuevo la inmigración ilegal centró la atención de los discursos que ayer pudieron oírse durante la apertura del año judicial de la provincia tinerfeña. Si la fiscal jefe, Carmen Almendral, explicó el caos que algunos partidos judiciales como el de Arona viven como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, el presidente de la Audiencia Provincial, José Ramón Navarro, aseguró que “la atención que los Juzgados de Instrucción han de prestar a estos inmigrantes supone, en la mayoría de las ocasiones, la suspensión del resto de la actividad jurisdiccional, salvo el servicio de guardia, con el consiguiente retraso de los procedimientos que se ven paralizados durante varios días e incluso semanas, y el consiguiente esfuerzo del personal del juzgado, que ha de realizar su trabajo fuera de la jornada laboral y muchas veces hasta altas horas de la madrugada”.

En este sentido, Navarro enfatizó que si en el total del Archipiélago se incoaron 32.874 procedimientos relacionados con la inmigración ilegal, en la provincia tinerfeña se inició casi el 80 por ciento de ellos, es decir, más de 20.000 diligencias, fundamentalmente en el Partido Judicial de Arona, aunque también es destacable la incidencia en San Sebastián de La Gomera, Valverde de El Hierro y Granadilla de Abona".

Además, Navarro recordó que el pasado año todos los que llegaron a las islas menores de la provincia occidental eran trasladados a Arona por no existir allí comisarías de Policía ni centros de internamiento. Debido a ello en una primera etapa la actuación judicial se llevó a cabo en los Juzgados de Instrucción de Arona mediante el sistema de auxilio judicial, si bien con posterioridad fueron atendidos por los jueces de instrucción en la isla de llegada para luego ser trasladados a los centros de retención.

En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial manifestó su deseo de que los refuerzos llegados hasta el Partido Judicial de Arona “se mantengan mientras continúe la llegada masiva de irregulares”, haciendo referencia al nombramiento de un juez sustituto, un secretario y ocho funcionarios que han sido destinados a los juzgados de guardia para paliar el volumen de trabajo que venían soportando.

Respecto a la situación general de la Justicia en la provincia tinerfeña el presidente afirmó que “desde hace unos años hay un incremento constante de asuntos penales, hasta el punto de que los magistrados duplican el módulo de trabajo considerado óptimo y asumen una de las mayores cargas de trabajo en toda España”.

Por ello reclamó la creación de una tercera sección penal y que se dote a cada una de ellas con un cuarto magistrado, y propuso que hasta que ello se produzca, “se mantengan y se incrementen las medidas de refuerzo que palíen una situación que si no ha llegado a ser crítica es por la labor de magistrados y fiscales”.

Concretamente, Navarro aludió a la creación del Juzgado de Menores número 2 y de un juzgado de lo penal con competencia para el enjuiciamiento de los partidos de Arona y Granadilla.

“Alarmante”, así calificó Navarro la situación en lo Contencioso Administrativo, “puesto que se ha producido un aumento en la carga de trabajo de los tres juzgados, no sólo por el incremento de los casos sino también por la complejidad de los mismos”, y aseveró que “sólo puede solucionarse con la creación de dos juzgados, uno de los cuales debería estar en funcionamiento en 2008”.

Para finalizar quiso referirse a las infraestructuras, asegurando que “es difícilmente sostenible la dispersión de los órganos judiciales en la capital tinerfeña ante la saturación e insuficiencia del edificio donde están ubicados, lo que complica aún más el funcionamiento y la actuación de los servicios comunes”.