Durante su intervención, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, señaló que “a lo largo del pasado año 24.000 inmigrantes ilegales llegaron a la provincia, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo que han tenido que asumir tanto las instituciones como las personas. Así, la Fiscalía General del Estado nombró el año pasado a un fiscal de refuerzo en esta materia por un periodo de 6 meses, si bien se ha mantenido hasta la actualidad debido a las circunstancias”. Además, Almendral hizo referencia a que “la Fiscalía ha realizado visitas de inspección mensuales tanto al centro de internamiento de Hoya Fría como a los centros de acogida que se han ido habilitando, levantándose actas sobre las circunstancias de cada uno de estos centros”. Especial hincapié hizo acerca de lo que la llegada de menores ilegales ha supuesto para la justicia tinerfeña, “ya que llegan a nuestro país en situación de desamparo y hay que protegerlos”, de ahí que en la Sección de Menores se hayan multiplicado por 10 los expedientes; igualmente se han multiplicado por 20 el número de menores inmigrantes que se encuentran en centros de acogida, que ha llegado a alcanzar la cifra de 800. Este incremento en el número de menores en situación de desamparo en la provincia obligó a la apertura de cuatro nuevos centros en la isla de Tenerife, en los que, como dato positivo, Almendral confirmó que “han disminuido los incidentes de épocas pasadas”.