La progresiva llegada de menores extranjeros a Gipuzkoa ha desencadenado un problema de profunda dimensión a la Diputación Foral de Gipuzkoa como institución competente a la hora de diseñar y poner en marcha una política de atención y acogida a estas personas. Esta nueva realidad social que afecta de manera significativa al conjunto de los países europeos, está adquiriendo en Gipuzkoa una creciente magnitud aunque en términos comparativos no alcanza la proporción que caracteriza a otras zonas del continente europeo. Resulta evidente que los servicios forales de atención a menores no están suficientes preparados para afrontar la cada vez más numerosa llegada de niños extranjeros a pesar del esfuerzo sostenido que la institución foral ha venido protagonizando a lo largo de estos últimos años. Para contrarrestar este déficit, la Diputación tienen previsto abrir en los próximos meses dos nuevos centros y siete más en el transcurso del año 2008. Un compromiso que contribuirá a paliar la difícil situación en la que se desenvuelve este problema en Gipuzkoa, pero que muy probablemente no servirá para contrarrestarlo en su totalidad.

A comienzos de este año, la Diputación de Gipuzkoa atendía a un total de 98 menores extranjeros. En los nueve primeros meses, esta cifra se ha incrementado apreciablemente, habiendo llegado al territorio guipuzcoano 109 más. El 10% presenta graves problemas de consumo de sustancias tóxicas, especialmente disolventes, provocando trastornos de conducta y, en ocasiones, un deterioro psíquico importante. Con todo, es preciso subrayar al mismo tiempo que el 90% de los menores inmigrantes que habitan en Gipuzkoa responde adecuadamente a los programas de inserción y únicamente una minoría presente perfiles de conflictividad.

El desajuste existente entre el numero de menores inmigrantes y los recursos disponibles ha suscitado ya graves problemas como los que se vienen produciendo en el centro de acogida de urgencia de Tolosa con tensión y conflictos entre residentes y tutores, peleas entre los acogidos y protestas de parte de los vecinos. Con todo, el conflicto suscitado en Tolosa asoma a la superficie de un problema de dimensión mucho más profunda e innegable. En ese sentido, que los menores residentes en Tolosa, involucrados en diversas actuaciones presuntamente delictivas, sean inmigrantes o no, tiene una trascendencia poco significativa, porque no es la condición de inmigrante o autóctono la que subyace tras la mayor o menor conflictividad de unos menores, sino sobre todo la exclusión social y el desarraigo emocional, social y familiar que pueden padecer.

La sociedad guipuzcoana se enfrentea al deber moral y la responsabilidad colectiva de preocuparse y ocuparse de los menores inmigrantes que se encuentran solos, sin amparo familiar y sin la posibilidad de integrarse socialmente mediante el desempeño de una actividad profesional. En estas condiciones, el conjunto de la sociedad se encuentra ante un problema, sobre todo de humanidad, y el primer paso para afrontarlo con voluntad de contribuir a su remedio obliga a tomar conciencia individual y colectiva de su existencia y dimensión. La alternativa de internamiento en un centro específico o piso de acogida constituye un elemento esencial para tratar de educar o reeducar a estos menores, profundamente condicionados por su fuerte desarraigo social. Sin embargo, resulta indispensable desarrollar esta tarea tratando de explorar todas las opciones posibles de reinserción social. Para ello se requiere combinar un régimen de internamiento abierto y no estrictamente carcelario con una máxima exigencia a los menores de respeto a un código de conducta alejado de cualquier tentación delictiva dentro de su vida en convivencia y libertad en las calles. La ciudadanía debe esforzarse por acompañar esta situación con un espíritu generoso y constructivo, porque la contribución para lograr la inserción de estos menores en el seno de la sociedad, además de constituir un deber ético y humano, representa también una valiosa inversión de futuro en unas personas que algún día podrán estar en mejores condiciones de aportar su esfuerzo al bien común.

Es posible que el régimen de internamiento que ampara en Gipuzkoa a un buen número de menores, muchos de ellos inmigrantes, no constituya la mejor solución imaginable posible, pero, hoy por hoy, tampoco se adivina que pueda disponer de una alternativa preferible, sobre todo si ésta se reduce a que los menores tengan que tratar de sobrevivir en la calle. Los diferentes centros o pisos de acogida repartidos por el territorio guipuzcoano, cuya gestión corresponde competencialmente a la Diputación Foral de Gipuzkoa, están desarrollando una tarea meritoria, aunque aún insuficiente, que la sociedad en su conjunto debe estar en condiciones de valorar y apreciar. Profundizar en este esfuerzo debe constituir un objetivo irrenunciable y para conseguirlo será preciso continuar progresando en la mejora de los recursos disponibles y el apoyo a las personas más directamente involucradas en la atención a los menores. En este ámbito de actuación cualquier inversión siempre tendrá garantizado un valioso retorno en forma de beneficio para toda la sociedad y ése es necesariamente el camino a seguir.