LAREDO, Texas (Reuters/AP). Alcaldes del estado de Texas en la frontera con México amenazan con denunciar ante la Corte al gobierno de Estados Unidos y están animando a propietarios de ranchos a hacer lo mismo, para frenar la construcción de un muro con el que Washington busca frenar la inmigración ilegal.

Seis alcaldes temen que el muro, parte de la nueva política de Washington para detener la inmigración ilegal, tenga un impacto negativo en el comercio, la fauna salvaje y que separe a las estrechamente unidas comunidades mexicano – texanas en ambos lados fronterizos.

La cerca es parte de un plan federal para construir mil 120 kilómetros de muros y vallas a lo largo de buena parte de la frontera, y según los alcaldes cortaría a los rancheros tejanos el acceso al Río Bravo, la mayor fuente local de agua dulce.

Tenemos que proteger nuestra propiedad y haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que no habrá muro, dijo el alcalde de Laredo, Raúl Salinas, un ex agente del FBI.

Un juez federal detuvo temporalmente esta semana en Arizona la construcción de parte del muro, por razones ambientales.

El alcalde de Eagle Pass, Chad Foster, dijo que ha recibido correos con amenazas y agresiones de estadounidenses fuera de Texas, en los que lo acusan de ser débil en el tema de seguridad. Pero los alcaldes argumentan que hay mejores maneras de detener a los inmigrantes ilegales y a los narcotraficantes.

En este contexto, el servicio de Inmigración y Aduantas alegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos de los inmigrantes no son violados en sus centros de detención provisional e invitó a los miembros del panel a visitar esas instalaciones en cualquier parte del país. Gary Mead, del ICE, dijo que los migrantes reciben el mejor trato humano posible.

LAREDO, Texas (Reuters/AP). Alcaldes del estado de Texas en la frontera con México amenazan con denunciar ante la Corte al gobierno de Estados Unidos y están animando a propietarios de ranchos a hacer lo mismo, para frenar la construcción de un muro con el que Washington busca frenar la inmigración ilegal.

Seis alcaldes temen que el muro, parte de la nueva política de Washington para detener la inmigración ilegal, tenga un impacto negativo en el comercio, la fauna salvaje y que separe a las estrechamente unidas comunidades mexicano – texanas en ambos lados fronterizos.

La cerca es parte de un plan federal para construir mil 120 kilómetros de muros y vallas a lo largo de buena parte de la frontera, y según los alcaldes cortaría a los rancheros tejanos el acceso al Río Bravo, la mayor fuente local de agua dulce.

Tenemos que proteger nuestra propiedad y haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que no habrá muro, dijo el alcalde de Laredo, Raúl Salinas, un ex agente del FBI.

Un juez federal detuvo temporalmente esta semana en Arizona la construcción de parte del muro, por razones ambientales.

El alcalde de Eagle Pass, Chad Foster, dijo que ha recibido correos con amenazas y agresiones de estadounidenses fuera de Texas, en los que lo acusan de ser débil en el tema de seguridad. Pero los alcaldes argumentan que hay mejores maneras de detener a los inmigrantes ilegales y a los narcotraficantes.

En este contexto, el servicio de Inmigración y Aduantas alegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos de los inmigrantes no son violados en sus centros de detención provisional e invitó a los miembros del panel a visitar esas instalaciones en cualquier parte del país. Gary Mead, del ICE, dijo que los migrantes reciben el mejor trato humano posible.