San Francisco – Un juez federal de San Francisco, en California, bloqueó ayer una medida ordenada por el Gobierno de George W. Bush para perseguir a los migrantes indocumentados.

La medida, bloqueada por el juez Charles Breyer, establecía la obligación de las empresas estadounidenses de despedir a aquellos trabajadores con irregularidades en sus números de seguridad social o que no pudieran certificar su estatus legal en el país.

Los planes de Washington implicarían “daños irreparables para trabajadores y empleados inocentes”, consideró el magistrado.

Con esta decisión, el juez puso freno a la medida —que afectaría a unos ocho millones de trabajadores— hasta que se resuelva de forma definitiva una demanda presentada en agosto pasado por varios sindicatos en contra del reglamento.

El Gobierno estadounidense alega que buena parte de los problemas en los registros de la Seguridad Social son resultado de que los indocumentados usan documentos falsos para obtener sus trabajos.

La medida gubernamental daba 90 días al empleador para revisar los números de seguridad social de sus empleados y aclarar eventuales diferencias. Aquellos que continuaran empleando a personal sin estatus legal clarificado enfrentarían multas monetarias y hasta penas de prisión.

La iniciativa —cuya aplicación estaba planeada para el 2008— generó una demanda de los

sindicatos, que argumentaron que muchas diferencias en los registros son producto de errores administrativos y advirtieron que la medida generaría un despido masivo de trabajadores legales.

Los sindicatos y grupos cívicos como la Unión de Libertades Civiles de EE. UU. (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), se mostraron satisfechos con la decisión del juez Breyer.

Critican medida en otros estados

Un informe elaborado por la firma Zogby International pone en duda la afirmación del alcalde de Hazleton, Pensilvania, de que los indocumentados son los responsables de la sobrecarga de trabajo en esa zona, y concluye que se debería aceptarlos como una “solución a una población envejecida”.

Abren demanda

Latinos del norte de Virginia, en EE. UU., presentaron el miércoles pasado una demanda contra el condado de Prince William, para detener la aplicación de una resolución que busca negar acceso a servicios públicos a migrantes. La demanda señala que la medida viola la Constitución y estatales. DPA – AP – EFE