El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) puso ayer sobre el tejado de la Generalitat y del Ministerio de Justicia la enorme pelota en la que se ha convertido el colapso del Registro Civil de Barcelona, donde la Administración pretende que la misma plantilla de siempre afronte el alud de peticiones de nacionalidad española que han comenzado a cursar los inmigrantes latinoamericanos regularizados en el 2005, que pasados los dos años establecidos han iniciado los trámites.
Las cifras del informe elaborado por el juez encargado del Registro Civil de Barcelona, Fernando Alberdi, no pueden ser más acusatorias. Durante la segunda quincena de agosto se recibieron 500 peticiones diarias. Sobre la mesa se acumulan, así, 14.000 solicitudes. La estrechez del embudo se comprende aún mejor si se tiene en cuenta que, completados todos los trámites, el próximo año el registro solo será capaz de celebrar 200 juras de la Constitución por semana. El TSJC pide urgentemente como mínimo 10 funcionarios más, que se implanten sistemas informáticos de gestión y tramitación de expedientes, y que los ciudadanos puedan hacer el papeleo por internet. “Se está negociando una solución con el ministerio”, responden en la Generalitat (el registro es competencia del Ejecutivo central, y los medios humanos, del autonómico).

OTRAS POBLACIONES
El TSJC también advierte de que el problema se está produciendo no solo en Barcelona, sino en otras poblaciones catalanas, como L’Hospitalet de Llobregat. Pero eso no es todo. El Gobierno cifra en unos 24 meses el tiempo necesario para convertirse en español, pero en la actual situación los expertos calculan cinco años. Lo más grave es que durante ese tiempo a los inmigrantes se les está limitando o negando un derecho que les corresponde – – los latinoamericanos pueden pedir la nacionalización a los dos años de residencia – – y se está impidiendo que los hijos que nazcan durante la tramitación sean españoles por la vía de descendencia.
El documento que Alberdi remitió al TSJC a finales de septiembre es demoledor y recuerda que, ante el alud de peticiones, no ha habido otra solución que programar las presentaciones de solicitudes para el 2008 y el 2009. Además, al ritmo de los últimos meses y sino se adoptan medidas rápidas, la situación se agravará todavía más, insiste el magistrado, ante el colapso en cada unos de los pasos que se deben dar. “Los datos que se conocen de la última regularización hacen presagiar que el problema no ha hecho más que comenzar”, recalca.
Este año el incremento de juras de la Constitución – – elemento básico para la nacionalización – – ha sido del 30% y se espera un aumento de otro 30% para el 2008, lo que supondrá, en definitiva, unas 200 juras semanales. Pero en estos momentos, los señalamientos de este acto se están realizando con seis meses de retraso. Es decir, el ciudadano al que el Ministerio de Justicia le concede la nacionalidad es citado para marzo del 2008 para jurar. Y hay que sumar más: la mera inscripción oficial de la nacionalización tarda otros dos o tres meses. Por lo tanto, desde que el inmigrante solicita la cita previa para entregar los papeles hasta el último trámite de inscripción pude transcurrir, al menos, cinco años.

“DESEQUILIBRO IRRACIONAL”
Alberdi calcula que “la carga de trabajo se ha incrementado anualmente como mínimo el 30%” y que el desequilibrio entre la faena y el personal efectivo “solo puede calificarse de irracional”. “Creo difícil que pueda encontrarse una situación semejante en ningún otro organismo de la Administración pública”, recalca el juez. En este sentido, el TSJC considera que debe elaborarse un estudio sobre la organización del Registro Civil de la capital catalana.