BARCELONA.- Un acuerdo del CGPJ permite medidas «urgentes y necesarias» como la privación de libertad para evitar riesgos a la salud pública Si un paciente elude seguir un tratamiento médico si sufre una enfermedad infecciosa puede implicar que un juez ordene un estrecho seguimiento policial. Esto es lo que ha ocurrido en un centro hospitalario de Barcelona donde por lo menos cuatro personas infectadas por tuberculosis han sido custodiadas por los Mossos d’Esquadra para garantizar que se sometieran a terapia y evitar así un riesgo para la salud de otras personas, según informó ayer El Periódico de Catalunya.

Un auto judicial que avala la puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia por parte de los Mossos d’Esquadra para casos así se dictó el 18 de abril y explicaba el caso de la paciente Ana G.H., que pese a la necesidad terapéutica de permanecer aislada, se negó a recibir tratamiento ya que lo que quería era abandonar el centro médico.

Una medida «habitual»

Al respecto, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona recuerda un acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 15 de septiembre de 2005, por el que se atribuye a los juzgados de guardia «la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental».

Ante el caso de Ana, que requiere aislamiento, el juez considera que «procede acordar su privación de libertad en el sentido de que no podrá abandonar el centro hospitalario en tanto no desaparezca el riesgo ahora existente para su salud y para la de terceros».Las otras tres personas infectadas que fueron custodiadas por la Policía Autonómica eran inmigrantes, y algunos de estos cuatro pacientes intentaron huir en varias ocasiones del hospital y de la medicación que les otorgaría el alta.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra afirmaron ayer que sí vigilaron a estos cuatro pacientes pero, preguntados sobre si estas actuaciones se han repetido desde entonces, o si son frecuentes, dichas fuentes declinaron ofrecer una respuesta. Al mismo tiempo, fuentes judiciales indicaban que ordenar la vigilancia de este tipo de pacientes es «algo habitual», que se hace «frecuentemente» ante episodios concretos que pudieran suponer un riesgo para la salud.