NO SÉ SI EN ESTOS TIEMPOS de tantos cambios debería Canarias, como asegura Jesús Caldera, cambiar su Estatuto de Autonomía para que la acogida de menores vuelva a ser competencia del Gobierno central. Esa es la solución que propone el ministro de Trabajo para soslayar la saturación de los centros de menores ubicados en las Islas. Añade Caldera, antes de que alguien le objete algo, que la ley no distingue entre menores extranjeros y españoles. En definitiva, todo niño o adolescente en situación de desamparo debe ser atendido por las autoridades, ya sean nacionales o autonómicas.

Ciertamente, y eso no hace falta repetirlo aquí y ahora, la legislación al respecto no se pensó para una avalancha de pateras y cayucos, sino para aquellos menores que por circunstancias familiares y sociales no pueden seguir bajo la custodia de sus padres; si es que aún los tienen, claro. Pretender extender esta acción sin más a todo menor de edad que arribe a nuestras costas supone, de entrada y como mínimo, desbordar los recursos disponibles por muchos que sean estos. No vale, por lo tanto, el planteamiento de Jesús Caldera.

Se queja a continuación el ministro de que son precisamente las comunidades autónomas gobernadas por el PP las más reticentes a hacerse cargo de estos adolescentes, para que se puedan aliviar los centros de internamiento en Canarias. Cita como ejemplo a dos autonomías ricas: La Rioja y Madrid. En este aspecto no le falta razón, aunque su discurso hubiera sido perfecto en el caso de añadir que no ha sido el PP, ni mucho menos las regiones en las que gobierna este partido, quienes han agravado la crisis con regularizaciones masivas. Un aspecto que se intenta ocultar una y otra vez desde el Gobierno central y desde el PSOE, en esencia porque supone todo un fracaso en política migratoria. Tras la generosa entrega de papeles a 600.000 ó 700.000 personas –el guarismo exacto ni se sabe– hace casi dos años, se calcula que hay otro millón de inmigrantes indocumentados pululando por las calles españolas. Y eso que todavía no han comenzado las agrupaciones familiares –igualmente muy generosas– a que tienen derecho los legalizados. Una situación que, pese a todo, no legitima a los territorios gobernados por los conservadores a desentenderse de un problema que no puede asumir por sí sola ninguna región; ni siquiera la mimada Cataluña. De hecho ni España entera puede afrontar sin ayuda europea el control tanto de sus costas, como las de los países desde donde parten los cayucos. Constantemente hay que estar suplicando en Bruselas más medios para el Frontex.

Circunstancias todas ellas que llevan a un concepto de solidaridad entre territorios bastante olvidado hoy en día, cuando sólo impera el sálvese quien pueda. Las pateras, desde luego, no llegan a Madrid, ni a La Rioja ni a Segovia. Lo señalé hace poco pero bueno es recordarlo. Bien es verdad que la Villa y Corte posee su propia cuota –¡y en qué medida!– de inmigrantes irregulares sin necesidad de un metro de costa, porque la mayoría de los sin papeles no llegan en barca sino en avión. En fin, haría bien Caldera en tratar de resolver lo que él, y el Gobierno al que él pertenece, han agravado, en vez de seguir llorando por las esquinas y acusando a la oposición.

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