La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, avanzó ayer que el número de peticiones para la homologación de títulos universitarios se ha disparado desde las 6.602 de 1997 a las 25.000 que se recibirán este año, es decir, que se han multiplicado por cuatro en tan sólo una década.

Este “fortísimo” aumento, explicó, se debe a que España se ha convertido en un país receptor de inmigración, como demuestra el hecho de que el 75% de las peticiones proceden de países iberoamericanos, porque el sistema de homologación de títulos permite que los que han estudiado en el extranjero vean reconocida su educación en España.

Para acelerar la tramitación de estos expedientes, el MEC puso en marcha una batería de medidas que han conseguido “invertir netamente la tendencia” y que, entre 2004 y 2007, el número de expedientes tramitados “supere ampliamente al de las solicitudes presentadas, a pesar del constante aumento de éstas últimas”. En concreto, el 1 de enero de 2004 había 35.687 expedientes acumulados, y tres años después, se han reducido a 21.681. En ese mismo periodo, añadió, se recibieron 72.000 nuevas solicitudes de homologación y ya se han resuelto 87.062, es decir “que se han resuelto más de los que han entrado y se ha comenzado a reducir el atasco de 2004”.

En la actualidad, subrayó Cabrera, “estamos consiguiendo, en términos generales, que el plazo medio de resolución de los expedientes de homologación se sitúe en el plazo legal de nueve meses, aunque somos conscientes de que hay que hacer un mayor esfuerzo en ese aspecto”.

Cabrera hizo estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, donde informó de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), del Proceso de Bolonia y de la homologación de títulos.

Sobre la reforma de la LOU, recordó que el objetivo era facilitar el marco legal y los instrumentos necesarios para la modernización, porque “tenemos las mejores universidades de nuestra historia”, pero aún “no son la mejor de las posibles”.

La reforma, dijo, “corrige desajustes” y da “un nuevo sesgo” a la universidad porque refuerza su autonomía y su libertad, establece un sistema “coherente” que les permitirá competir con el resto de los centros europeos y fomenta la calidad, la movilidad de los estudiantes y la igualdad de oportunidades. Para ello, la reforma da un amplio margen de confianza a las universidades para que diseñen sus programas y las titulaciones que quieran impartir, y para que escojan el profesorado que mejor se adapte a sus necesidades, lo que las hará “más fuertes y ágiles”.