La mañana del 11 de mayo de 2006, Hans Van Themsche, un joven de 18 años que había huido de su internado entró en una tienda de armas en Amberes. Con 750 euros y sin más pregunta que su edad, el chico, de cabeza rapada y uniforme negro, compró el rifle que horas después usaría para matar a una inmigrante y al bebé que cuidaba.

Segundos después de cruzarse con Oulemata Niangadou, una maliense de 24 años, y Luna Drowat, belga de dos, Van Themsche se dio la vuelta y les disparó en la espalda. Después, apuntó hacia los paseantes que creía inmigrantes e hirió a una mujer de origen turco antes de que interviniera la policía. El plan era matar a una decena de extranjeros y, después, suicidarse, según el chico, cuyo juicio acaba de comenzar.

El caso del joven, de una familia del partido extremista flamenco Vlaams Belang, reaviva el debate sobre cómo controlar el nacionalismo ultraderechista y la responsabilidad de la legislación belga que permitía comprar armas con la mayoría de edad y un carné de identidad. Aunque una semana después del asesinato, el Parlamento aprobó una ley que obliga a tener autorización para comprar armas, Bélgica sigue siendo uno de los países europeos con más descontrol de sus pistolas. Entre el millón y medio y los dos millones de armas, sólo unas 162.000 están en regla. Aparte de la lentitud con que las autoridades procesan las solicitudes de licencias, la mayoría están mal registradas o desaparecidas.