bilbao. El concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz, y Abel Charcán, portavoz de la asociación de comerciantes de Otxarkoaga se reunirán hoy para encauzar la situación de conflictividad que se ha vivido en el barrio el último mes.

No es la primera reunión que se produce con este asunto sobre la mesa aunque es probable que en esta ocasión el encuentro se centre más en la adopción de medidas de seguridad puesto que tal y como confirmó el alcalde el pasado viernes, Iñaki Azkuna no tiene previsto asistir.

La bofetada que un comerciante le dio a un niño creyendo que le había robado fue la gota que colmó el vaso de la crispación en el barrio para algunos vecinos, aunque también hay otro sector que opina que se trata de un hecho puntual que se ha sacado de contexto porque el niño era de etnia gitana. Lo que no tiene lugar a dudas es que los comerciantes se han querido dejar oír y para ello convocaron una manifestación en la que alrededor de dos mil personas recorrieron las calles de Otxarkoaga pidiendo más medidas de seguridad y que se actúe contra las familias conflictivas.

El alcalde tuvo una reunión en la que estuvieron también el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maíz, y el de Acción Social Ricardo Barcala por parte del Ayuntamiento y representantes de Iniciativa Gitana así como el pastor de la iglesia Evangélica. Iñaki Azkuna pretendía con este encuentro buscar cierta complicidad para devolver la calma al barrio.

Según explicó azkuna, y sin que ello significara que no fuera necesario adoptar ciertas medidas para paliar situaciones que fueran conflictivas, lo que se intenta es desdramatizar la polémica surgida.

Mientras tanto, el comerciante que según denunció ha sido objeto de amenazas por parte de la familia del niño al que pegó la bofetada no quiere salir de casa ni abrir el comercio por miedo a ser agredido.

El portavoz del Partido Popular, Antonio Basagoiti, sugirió que las familias que estaban organizando la polémica fueran expulsadas del barrio y se les dispersara así como que se les retirasen las ayudas sociales en caso de que las estuvieran percibiendo como es el caso. Azkuna se negó a adoptar medidas “antidemocráticas”, que vulneran los derechos.