bilbao. El fiscal y la acusación particular, ejercida por SOS Racismo, creen probado que la letrada bilbaina Pilar J.G. estafaba a inmigrantes a quienes exigía que le pagaran 600 euros prometiéndoles regularizar su situación, a pesar de saber que no iban a prosperar sus solicitudes. El juicio seguido durante dos semanas en la Audiencia de Bizkaia contra la letrada, acusada de estafar a más de un centenar de ecuatorianos, quedó ayer visto para sentencia.

SOS Racismo confió ayer en que la causa contra la abogada se resuelva con una sentencia condenatoria para que no puedan repetirse “abusos” similares contra los inmigrantes. Asimismo, reclamó “un cambio radical” en las normas de extranjería, que propician “un caldo de cultivo” para este tipo de situaciones.

Según explicó SOS Racismo, la Fiscalía ha realizado una petición de condena de ocho años y un día de prisión y multa de 25 meses, con una cuota diaria de diez euros, así como el pago a los perjudicados de los gastos ocasionados y de indemnización por daños morales.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la SOS Racismo, pide una condena de doce años de prisión y multa de 24 meses, con una cuota diaria de 50 euros, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante quince años, el pago de los gastos ocasionados y una indemnización de 1.000 euros por persona por daños morales. La defensa solicita la libre absolución.

Los representantes de SOS Racismo Diego Jauregi y Leire Ouza y el el abogado de la acusación particular Luis Fernández comparecieron ayer en rueda de prensa en Bilbao para explicar el desarrollo del juicio. Jauregi indicó que se espera que la causa se resuelva en “un plazo de mes y medio o dos meses” de modo que “la abogada que ha estafado a cientos y cientos de personas sea condenada” para que “no se vuelvan a repetir situaciones similares, no se produzcan abusos contra la población inmigrante, sean reparados los daños que han sido ocasionados y otras personas que quieran estafar sepan que no es posible hacerlo”.

Por su parte, la defensa de la acusada, representada por Javier Beramendi, evidenció “las contradicciones” de los supuestos afectados y calificó de “esperpéntico” la celebración de un juicio basado en testimonios de testigos que no recuerdan.