SHAIMA, una niña marroquí de ocho años, ha puesto de actualidad la cuestión del velo islámico en la escuela pública en España. La decisión de la Conselleria d´Educació de la Generalitat de obligar a un colegio de Girona a aceptar que la niña acuda al centro cubierta con el hiyab, en contra del reglamento de la institución, pone de manifiesto la existencia de diversos debates. El de la preeminencia entre dos derechos, el individual, de la escolarización, y el colectivo, del cumplimiento de las normas; el del simbolismo del velo, en tanto que prenda religiosa relacionada o no con la sumisión de la mujer; el de la presencia de elementos religiosos en el espacio público y, finalmente, el de la integración de la inmigración en la tierra de acogida.

La sociedad, tanto la catalana como la española, ha dado muestras de mantener una actitud abierta con respecto a la masiva y diversa inmigración de que ha sido objeto desde finales del siglo XX. Al margen de algún esporádico y lamentable estallido de xenofobia, la voluntad de integración ha sido la que ha prevalecido de forma mayoritaria, a pesar de los lógicos problemas que ocasiona el fenómeno inmigratorio. Esta actitud, que dice mucho de la madurez de la sociedad, viene dada porque se siente segura de sí misma. Comparar este caso con la solución que ha dado Francia, que dictó una ley prohibiendo el velo en la escuela, es un error. Son dos realidades distintas.

El caso de Shaima debe, por tanto, abordarse desde la perspectiva de que se trata de un caso aislado, pero también con el realismo de que su conocimiento puede llegar a disparar un efecto dominó. En Catalunya hay muchas escuelas adonde acuden niñas tocadas con el velo islámico sin que ello haya provocado problemas que no hayan podido ser resueltos de forma razonable por la propia escuela. En el asunto que nos ocupa, la negativa de los padres de Shaima a que acudiera a clase sin el velo, lo que está prohibido por el reglamento del centro, obligó al Departament d´Educació a intervenir para proteger el derecho a la escolarización, que considera superior a la norma de la escuela, lo que es razonable. Es deseable que cada centro resuelva como mejor considere los problemas individuales que aparezcan, pero también lo es que los gobiernos arbitren cuando la situación lo requiera.

También es preciso cuestionar la actuación de los padres de Shaima, que se cerraron a la posibilidad de diálogo e intermediación que, en otros colegios y ante problemas similares, han resultado positivos para el respeto de los derechos de todos. La amenaza de no llevar a la niña a la escuela es inaceptable. Los padres tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes que cumplir, entre los que están el respeto a las normas que nos hemos dado todos y la escolarización de los hijos.

Con el objetivo de evitar que vuelvan a repetirse casos similares al de Shaima, hay quien defiende la necesidad de una legislación que acote derechos y deberes. El sentido común dicta que en cuestiones que afectan las creencias de las personas, es mejor que la solución llegue a través del diálogo y que, en último caso, sea la Administración la que dicte la resolución. La casuística provocada por el fenómeno de la inmigración es muy variada, tanto como el número de culturas de procedencia, y someterla a una legislación podría provocar más problemas que soluciones.